Opinión

Se desconoce el tamaño de la bomba

 
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Dinero. (Cuartoscuro)

Lo único que de cierto se sabe es que el problema no es menor. No puede ser menor a 4.0 por ciento del PIB nacional. El sobreendeudamiento de los estados del país puede representar una piedra más en el problema de la deuda del gobierno federal mexicano. Lo único que no se conoce es la dimensión real del problema porque aún no todas las cartas están sobre la mesa.

La creatividad financiera en los estados encontró la manera de darle la vuelta a los congresos y estableció el caminito que con el tiempo se fue generalizando. Para qué participar a la Federación si sabemos que va a decir que no; para qué participar a los congresos locales si lo único que hacen es entorpecer los procesos.

Y así se fueron por el camino de la creación de fideicomisos privados que llegan a comprometer hasta a tres décadas de ingresos fiscales como pago a los servicios o productos prestados.

Los fideicomisos privados, recursos opuestos a la constitucionalidad, pueden amparar la construcción y operación de carreteras pero también gastos publicitarios o incluso la compra de papelería. Imagine un contrato que ampare compra de hojas bond para un estado del país que se tenga que pagar hasta en 10 años con la garantía de pago en el impuesto sobre la nómina.

Y acaba aniquilando la operación financiera de cualquier estado del país. Cualquiera.

El caso es que lamentablemente nadie conoce a ciencia cierta a cuánto ascienden los compromisos estatales porque, sin ponerse todas las cartas sobre la mesa, la deuda de los estados es ya 50 mil millones de pesos mayor a lo que oficialmente se había estimado por la SHCP. Por lo menos 22 estados han recurrido al uso de los fideicomisos privados, un recurso, que citan al autor de esta columna, presumiblemente nació en el Estado de México.

Luego otras entidades aprendieron muy bien y rápido, como lo parece demostrar Puebla que vio crecer su deuda de ocho mil millones de pesos a una 24 mil millones. Y contando.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias cita en su página: “la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta que el endeudamiento estatal registrado ante la SHCP es de $529,719 millones en el primer semestre de 2016, mientras que un año antes era de $511,719.1 millones, un aumento de 3.5%. Sin embargo, si agregamos a estos datos los 'otros pasivos' reportados por primera vez por la ASF, que consideran las cuentas públicas estatales, la cifra es muy distinta. Los pasivos totales de los estados aumentan más de 50 mil millones de pesos, de $536,249 a $586,733 millones de pesos en diciembre de 2015. Esto significa una diferencia de 9.4% por la inclusión de los pasivos no registrados”.

Una de las vías de solución a este problema tiene que comenzar con el reconocimiento de cuántos fideicomisos privados concretaron los estados para hacerse de recursos fundamentados como deuda colocando como garantía participaciones de los estados o impuestos estatales.

Cita el CEEY que la Suprema Corte de Justicia pudiera atraer los casos de amparos interpuestos por empresas y particulares afectados directa o indirectamente por el recurso de los fideicomisos privados para determinar que fueron recursos que escapan a la constitucionalidad y que por ende deben ser replanteados.

Existen amparos por interés legítimo o por interés jurídico, pero finalmente ahí están las evidencias de que se hizo uso de esos recursos para darle la vuelta a la obligatoriedad de que los congresos estatales valoraran la contratación de esas obligaciones.

Porque por ahí hay una 'posible' puerta que dice vergonzantemente: Plan B del financiamiento a las campañas.

Correo: etj@uptv.mx

Twitter: @ETORREBLANCAJ

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