Opinión

Se avanza

Durante la visita del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, se anunció que esa organización participará en las licitaciones del tren rápido México-Querétaro y el nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Creo que no hemos aquilatado lo que esto significa.

Como todos saben, el cierre de 2014 fue particularmente difícil para el gobierno federal porque, además del crimen en Iguala y sus repercusiones políticas y sociales, se conoció la compra de una casa con valor de varios millones de dólares por parte de la esposa del presidente a uno de los grupos constructores con mayor presencia cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, pero sobre todo participante en varias licitaciones federales durante esta administración.

Semanas después, otra información de prensa (ahora del WSJ, la anterior de Aristegui) reportó que el secretario de Hacienda había adquirido una casa de campo al mismo grupo constructor, Higa.

En ambos casos hay un claro conflicto de interés. Un grupo constructor, que no se dedica principalmente a desarrollos inmobiliarios, vende propiedades a funcionarios de gobiernos con los que ha tenido, y tiene, negocios muy importantes. Si bien ni el gobernador, ni su secretario de Finanzas autorizan directamente un contrato, su posición en el gobierno es razón suficiente para no hacer negocios con los proveedores gubernamentales. Esto, que sin duda es evidente en cualquier país desarrollado, no lo es en México. No lo es para todos, y en particular no parece serlo para estos funcionarios. Insistiré en que es uno más de los resabios del viejo régimen, en el que esto no sólo era normal, sino prácticamente obligado.

Precisamente por eso la noticia de la intervención de la OCDE es tan importante. Lo que esto significa es que la presión pública ha obligado a los funcionarios, que hace unos meses no percibían conflicto de interés, a solicitar ayuda externa para transparentar las decisiones de compra. Se trata, en un caso, de la licitación del tren rápido que había sido cancelada (muy seguramente en reacción a la primera nota comentada), y en el otro, de la mayor obra de la actual administración.

Acerca del tren, hay cada vez más opiniones que alertan de su inviabilidad financiera. Hace casi una década, cuando López Obrador ofreció en su primera campaña presidencial la construcción de este tipo de trenes, este escribidor opinó que era una muy mala idea. Hoy, sigue siendo una mala idea. Por el costo y su financiamiento, por no existir transporte público eficiente en las terminales, porque el flujo más pesado parece ser de carga y no de personas, etcétera.

Acerca del aeropuerto, hay también críticas, aunque en menor cantidad. El proyecto parece mucho más pensado e interesante que el del tren, pero los expertos podrán opinar mejor. Lo que es relevante es que en ambos casos ahora tenemos una garantía de transparencia que no teníamos. Garantía que debemos extender a la mayor cantidad posible de transacciones gubernamentales.

Se avanza, por caminos tortuosos, con impactos y reacciones. Así fuimos dejando atrás el viejo régimen autoritario. Así tenemos que dejar atrás la corrupción y el incumplimiento de la ley. Hay que seguirle.

Twitter: @macariomx