Opinión

Santos: dos reflexiones
y una conclusión

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Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos

En su reciente visita a México, el presidente de Colombia hizo una reflexión sobre el combate al narcotráfico, que debe ser leída y analizada.

“La famosa frase ‘plata o plomo’ –dice Santos– funciona muchas veces y por eso tenemos que estar siempre con ojo avizor frente a la corrupción. Pero por supuesto, cualquier tipo de corrupción facilita la actividad del crimen organizado.”

Juan Manuel Santos apunta una obviedad, pero es estrictamente cierta: si el crimen organizado logra comprar autoridades (policías, jueces, fiscales) entonces puede hacer su negocio sin ningún problema. De ahí que la corrupción sea uno de sus objetivos y prácticas consustanciales.

En México, el ejemplo más representativo es, sin duda alguna, Michoacán. El control y el terror que Los Templarios impusieron sobre la población no se explica sin la complicidad de las autoridades estatales y municipales.

Ahora se sabe, fehacientemente, que el secretario de Gobierno y el hijo de Fausto Vallejo estaban coludidos con La Tuta. Y todo indica que el gobernador no pudo ser ajeno a esos tratos.

Pero igual, o más grave que eso, es el hecho que la PGR, pese a tener evidencias, no le fincó ninguna responsabilidad al exgobernador, y a su hijo lo consignó por encubrimiento, que no es un delito grave. El propósito parece haber sido “arreglar” el problema sin hacer olas ni tocar a la clase política.

La pregunta se desprende por sí sola: ¿Jesús Murillo Karam actuó por motu propio o fue una decisión del gabinete de Seguridad? Porque en la misma línea se puede incluir el hecho de que la PGR no abrió una investigación sobre los Abarca, pese a que habían sido denunciados, en 2013, por René Bejarano.

La omisión del procurador Murillo en Iguala no fue casual. Eran los momentos estelares del Pacto por México. Las reformas se estaban negociando. Proceder, en ese contexto, contra un presidente municipal muy cercano a la corriente Nueva Izquierda del PRD y al secretario de Salud del estado debió considerarse una aberración.

Lo ocurrido en Michoacán y Guerrero es emblemático de la convivencia y corrupción de las autoridades. Sin embargo, es obvio que no se trata de casos excepcionales. Las ligas entre cárteles, funcionarios estatales y municipales están muy extendidas.

Uno de los indicadores más visibles es el número de políticos asesinados, ya sea porque se coluden con uno de los bandos –y son atacados por los contrarios– o porque no cumplen sus promesas. Entre los casos más recientes está el secretario de Turismo de Jalisco, ejecutado en 2013 por el Cártel Nueva Generación por considerar que estaba al servicio de Los Templarios.

Por lo demás, como está ampliamente documentado, la penetración del crimen organizado no se limita a las esferas locales. Allí está el expediente del general Gutiérrez Rebollo (1997), y para una descripción detallada de cómo se infiltraron en la SEIDO se puede leer el artículo de Héctor de Mauleón sobre los Beltrán Leyva (Nexos, 1/feb/2010).

El problema de fondo está en los recursos enormes que detenta el crimen organizado. Su capacidad de corromper es directamente proporcional al margen de utilidades que genera el tráfico de drogas.

Y al respecto, las cifras son alucinantes. Según Rodrigo Alpízar, presidente de la Canacintra, la exportación de cocaína deja un margen de utilidad de hasta 3 mil 400 por ciento. Así que no hay negocio que compita ni santo o funcionario que sea capaz de aguantar semejantes cañonazos.

Negro panorama, pues. La corrupción no sólo se vuelve incontrolable, sino además toca puntos claves del Estado: las corporaciones de seguridad, el sistema judicial y, por supuesto, la clase política.

Se trata, bien visto, de un callejón sin salida e impone una reflexión adicional, que ha hecho el mismo presidente de Colombia, una guerra que no se ha podido ganar en 50 años es una guerra perdida. Por eso es impostergable, como concluye Santos, repensar la estrategia prohibicionista de las drogas.

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