La consulta popular que el Presidente electo quiere hacer para definir la suerte del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tiene nerviosos a los inversionistas, dividida a la población y en ascuas a parte importante de los participantes en el desarrollo económico del país, por lo que hace a su mayor obra de infraestructura.
El Ejecutivo entrante está contra la espada de sus dichos y la pared de posibilidades. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México es insuficiente y según lo que alcanzo a discernir es urgente otra opción. También por lo que recojo de las múltiples opiniones que en todos los medios se expresan, Texcoco parece mejor opción que Santa Lucía; en ese proyecto ya se ha invertido un monto que de no continuar las obras se iría a pérdidas sin retorno y, lo más importante, se trata de una decisión eminentemente técnica.
No entiendo por qué habría que hacer una consulta ciudadana; y menos por qué se llevará una consulta para el aeropuerto y no para el Tren Maya, por ejemplo.
Lo que sí comprendo, por ser parte de mi área de conocimiento, es que la consulta que se realizará en días venideros no satisface la reglamentación constitucional que la regula. En efecto, el artículo 35 constitucional señala que entre los derechos de los mexicanos está votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a la convocatoria del Congreso de la Unión a petición de: a) El presidente de la República; b) El equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras de Diputados o de Senadores; o c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.
Con excepción de la hipótesis prevista para la petición de los propios ciudadanos, deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso.
La norma constitucional establece que cuando la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.
No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.
El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito para la consulta que se ponga en marcha por los ciudadanos, y muy importante: la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
Una directriz básica es que la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal, para que la logística de la elección se aproveche.
Las resoluciones del INE podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo este derecho.
Pues bien, nada de esto se cumple en una consulta que no sabemos bien a bien qué condiciones de organización tiene; que se llevará a cabo sólo en poco más de 500 municipios del país (que tiene más de dos mil 400) y cuyo financiamiento también es desconocido.
La neutralidad de la consulta fue rota esta semana por el propio Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que si el aeropuerto se traslada a la base militar de Santa Lucía las arcas tendrían un ahorro de 100 mil millones de pesos.
La consulta no es vinculatoria en términos constitucionales, pero el Presidente entrante tendrá facultades administrativas para decidir en uno u otro sentido e implementar lo que mejor considere.
El mero hecho de consultar una cuestión técnica es ya de suyo inoperante y un tanto irresponsable; parece algo así como dar atole con el dedo, ¿qué tanto saben de cuestiones aeroportuarias quienes votarán en la consulta? ¿Por qué unos sí participarán y otros no? ¿Por qué desperdiciar lo que ya se ha hecho? ¿Por qué optar por una opción que tendría menor margen de operación y está más lejos de la Ciudad de México?
No entiendo ninguna de sus razones, lo único que comprendo es que la medida es contraria a la ley y no lleva a nada.