¿El fin de ese abuso llamado cortesía?
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¿El fin de ese abuso llamado cortesía?

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¿El fin de ese abuso llamado cortesía?

23/07/2018
Actualización 23/07/2018 - 9:09

Hace un par de años, en la oficina de un procurador de justicia recién nombrado, sonó el teléfono. Era el hijo de un afamado cantante. Felicitaciones aparte, lo que el personaje pretendía era la confirmación de que seguiría contando con la escolta que de tiempo atrás el gobierno estatal le proporcionaba. El funcionario, faltaba más, le dio las seguridades de que todo seguiría como hasta ese momento, se le seguiría proporcionando esa “cortesía”.

En nuestra cultura de la corrupción, dispensar privilegios a costa del Estado se disfraza con el término 'cortesía'. Así, lo que es un flagrante abuso se hace pasar como un gesto, como un inocuo favor que no tiene nada de lo primero y que en realidad es una canonjía.

Pero hay otros abusos que han adquirido estatuto de ley. Ahora que soplan vientos de austeridad convendría hacer pública la dimensión de esos privilegios y que se discuta si alguno de ellos tiene, acaso por cuestiones de riesgo real para algún exfuncionario, de razón de ser. Para ilustrar esto comencemos en Tlaxcala.

El lunes pasado el portal E-consulta publicó que “La ola pejista contagia Tlaxcala; piden eliminar pensión a exgobernadores”. Hasta donde pude averiguar, no es que los exmandatarios tlaxcaltecas tengan pensión. Pero lo que sí existe es un artículo (el 52 de la Ley de Seguridad Pública del Estado), adicionado el 28 de noviembre de 2014, durante el mandato de Mariano González Zarur, en el que se señala que a solicitud de los exgobernadores, éstos tendrán derecho a continuar con protección (ellos, su cónyuge e hijos).

Adivinaron, el primer beneficiado con escolta, autos blindados y ayudantía es el propio González Zarur, quien —pobremente— tiene asignados cinco vehículos, 10 escoltas y una patrulla. Héctor Ortiz Ortiz, tiene tres escoltas (devolvió dos camionetas en enero de 2017). Alfonso Sánchez Anaya devolvió una camioneta en 2017. Mientras que José Antonio Álvarez Lima y Beatriz Paredes Rangel no tienen escolta ni vehículo alguno.

Tlaxcala no es un caso único. Recordemos que Roberto Borge reformó la ley de Quintana Roo para disponer por 15 años de escoltas. Pero por donde le busquen hay casos. Hace un año, Chiapas reformó la ley para que exgobernadores y extitulares de dependencias gocen de guardias. En Coahuila, hace dos años el Congreso del Estado evaluaba eliminar la seguridad eterna de los exgobernadores para reducirla a sólo seis años. (¡?)

Sinaloa le paga escolta a Malova, en Durango pasa algo parecido, en San Luis Potosí en septiembre pasado se dio a conocer que el gobierno estatal había gastado 900 mil pesos en la seguridad del exgobernador Toranzo. En Puebla Guillermo Jiménez Morales, Mariano Piña Olaya, Manuel Bartlett Díaz, Melquiades Morales Flores, Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle estarían protegidos por una ley que ofrece custodia. Michoacán anda en las mismas con sus exes, y en julio pasado se reportó que cuatro exgobernadores del Estado de México tienen guardias (no se sabe cuántos porque según una nota de El Sol de Toluca el gobierno reservó esa información).

Volvamos al principio. No sólo exfuncionarios gozan de ese privilegio a costa del erario. Se da un contubernio entre las élites y no son pocos los casos de personajes de la clase empresarial (incluidos de la farándula y el deporte) que reciben la 'cortesía'.

Se ha llegado al punto de establecer una módica cuota y, abracadabra, el personaje accede a un custodio con entrenamiento oficial, licencia de portación de arma y—muy importante— que se erige en puente directo con la autoridad, lo cual deriva en privilegios tales como 'apoyos' para agilizar tránsito y acceso a la red de seguridad estatal. Dicen que en el caso del Edomex esta situación se cuenta en cientos, sino es que miles, de privilegiados.

Es claro que algunos funcionarios de áreas de seguridad deberían ser protegidos al salir de su encargo. Pero de ahí a que todos los exgobernadores, no pocos exfuncionarios estatales, legisladores, empresarios, 'artistas' y 'deportistas' sean cuidados por policías pagados por el contribuyente es una cosa muy distinta, una aberración.

Si la presidencia de AMLO sirve para romper al menos eso, habrá servido de mucho. ¿Veremos el fin de estas canonjías?

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.