Los premios de periodismo me generan sentimientos encontrados. Celebro que estimados colegas obtengan merecidos galardones, pero no puedo olvidar que esa alegría casi siempre es a partir de desgracias. No es culpa del mensajero hacer bien su chamba, pero aun así. Traigo esto a colación porque esta semana se publicó un reportaje que seguro ganará reconocimientos, pero es casi seguro, también, que por desgracia no motivará a un cambio entre nosotros para revertir la grave situación que el trabajo exhibe.
Patricia Curiel y Gibrán Mena han publicado, bajo el auspicio de Data Crítica y Quinto Elemento, una investigación escalofriante. No exagero en el término. La titularon Veneno en mi agua, y a pesar de que esa frase resume puntualmente el contenido, se queda muy corta.
Curiel y Mena denuncian una realidad que, tras la publicación, debería haber removido al Congreso de la Unión, al Poder Ejecutivo, a las y los gobernadores y a la sociedad entera. Otra vez, no exagero.
Los periodistas documentan que los mexicanos estamos ingiriendo arsénico y fluoruro en cantidades muy por arriba de las normas internacionales y nacionales. Nos estamos matando.
Muy apretadamente, los hallazgos de https://quintoelab.org/project/veneno-en-mi-agua son:
Se ha detectado que el problema va en aumento: en 2012 se registraba en 17 estados, para 2018 ya eran 24 entidades con pozos donde las muestras tenían niveles superiores a la norma.
En 2018, el 41 por ciento de las tomas salió contaminado con arsénico. Sí, casi la mitad.
En 2019 y 2020 la Conagua realizó menos muestras (prácticamente la mitad). Dirán que es por la pandemia; quizá sea más que eso. La Conagua no aportó registros de haber cambiado pozo alguno por esta situación y se negó a hablar para el reportaje (dieron cita para enero).
Además de zonas donde ya se tenía el problema, ahora han sido detectadas altas concentraciones de arsénico en pozos de Chalco, Guadalajara, La Paz, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco (remember las chinampas de las que salen verduras para la central).
En México hay mil 256 potabilizadoras; de ellas sólo 257 pueden remover arsénico o floururo, pero hay 84 paradas.
Los autores calculan que la población en riesgo es de al menos 12 millones. Pero es una cifra muy conservadora dada la mala calidad del monitoreo.
A pesar de lo anterior, el gobierno no tiene un programa de vigilancia epidemiológica para las enfermedades que causan el arsénico y el fluoruro: cáncer, infertilidad, diabetes, deformaciones óseas, entre otras.
No basta con dejar de tomar agua de la llave: el arsénico se puede pasar a los alimentos, incluso cocinados, y de 30 marcas de agua “purificada” revisadas en Durango todas salieron con índices excesivos.
El 93% de los municipios no cuenta con plantas tratadoras del agua para los hogares. Y, recalcar, sólo alrededor del 10% de esas plantas puede filtrar tales materiales.
¿Y cuál es la causa del problema? La extracción sin control del agua subterránea para todo tipo de industrias y actividades, algo que es evidente y no se soluciona fácil.
Este problema no inició con este gobierno federal, pero tampoco se le enfrenta.
Si las y los diputados federales sirven para algo harán de este asunto su prioridad en 2022. Pero no será porque de repente les nazca la conciencia (diría doña Rigoberta). Ello sólo ocurrirá si alcaldes y diputados locales vuelven prioritaria esa agenda en sus respectivos recintos.
Dicho de otra forma: le toca a la sociedad reclamar a sus autoridades y representantes más directos que no dejen que esta investigación periodística se lleve merecidos premios pero todo siga igual. No merecemos morir envenenados como las ratas. ¿Exagero?