Opinión

Ruta petrolera


 
 
Este miércoles se presenta la iniciativa de reforma energética del gobierno federal. Inicia así el trayecto final de una reforma necesaria y urgente para el desarrollo del país. Lo más probable: que después de varias semanas de enorme estridencia haya reforma constitucional en octubre o noviembre, aprobada con los votos del PRI y del PAN y la férrea oposición de las izquierdas.
 
 
La consecuencia política: rompimiento del Pacto por México. La económica: inversiones y mayor atractivo de México en los mercados internacionales.
 
 
¿Cómo será la ruta de los próximos meses? Primero, una discusión llena de adjetivos por parte de los adversarios; estridencia con poca sustancia; uso indiscriminado y truculento del término privatización; oportunismo de grupos y políticos fuera de escena que requieren una bandera para jalar reflectores. El PRD organizará un referéndum simbólico a fines de agosto.
 
 
El resultado será abrumador en contra de cualquier reforma que involucre inversión privada. Aunque la consulta no es vinculatoria, servirá para calentar los ánimos en las calles.
 
 
También este mes haya quizá una reforma electoral que cumpla algunas demandas de la oposición, así como otras reformas, entre ellas la que otorga autonomía constitucional al Ifai, la que regula el endeudamiento de estados y municipios, así como el nombramiento de comisionados del nuevo Ifetel y de la naciente comisión de competencia económica.
 
 
Todos esos cambios y acciones pueden generar un aire temporal de que la agenda reformista camina y dar gasolina extra a los liderazgos formales del PAN y PRD.
El 8 de septiembre se presentan las propuestas de presupuesto y Ley de Ingresos por parte del gobierno federal, en las cuales se apreciará también la urgencia de una reforma fiscal.
 
 
Esta va de la mano de la reforma energética porque la única forma de liberar a Pemex de la enorme carga fiscal que limita su política de inversiones es que el fisco pueda recaudar más de fuentes no petroleras. Ese mismo día será la primera movilización masiva de protesta de López Obrador en contra de la presunta privatización de Pemex.
 
 
Esta es la fecha simbólica que iniciará seguramente la fase de mayor conflictividad.
 
 
En septiembre, una vez que ya se hayan aprobado diversas reformas de interés para el PRD durante los periodos extraordinarios de agosto, habrá ya poca razón para que siga en el Pacto por México. El liderazgo formal de ese partido enfrentará costos crecientes y acusaciones de traidor y no podrá, bajo ninguna modalidad, negociar una reforma de fondo en materia energética.
 
 
Septiembre y octubre estarán llenos de marchas y plantones.
 
 
Quizá llamados de insurrección de algunos grupos radicales de maestros disidentes, electricistas, APPO´s, grupos de autodefensa y aun guerrilleros. A la vez, negociaciones del PRI y del PAN para definir juntos la estrategia legislativa y contar con garantías mutuas. La discusión de la reforma fiscal quizá pase a segundo plano, en parte por el simbolismo unificador del petróleo, en parte porque quizá no incluya un IVA generalizado a todos los alimentos y medicinas.
 
 
Aunque lo más probable es que antes de que acabe el año haya sido aprobada una reforma constitucional en materia energética, hay una variable improbable que podría alterar la ruta petrolera: que algunos grupos, aprovechando el momentum político, detonen acciones violentas en algunas localidades del país.
 
 
Si eso ocurriese, el gobierno tendría que evaluar entre dos opciones: seguir hasta el final y aprobar, quizá con un Congreso cercado, la reforma energética; o bien, recular para mantener apaciguadas las fuerzas de la violencia. El problema de optar por esta segunda ruta es que nada garantiza que una vez activados, estos grupos anti sistema detengan su escalada simplemente porque se dé marcha atrás a la reforma energética. Estaríamos ante la peor combinación: sin reforma energética, con un gobierno diezmado y con grupos radicales activados y en busca de nuevas banderas.
 
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La negativa de las izquierdas a cualquier modalidad de inversión privada en petróleo me parece una posición conservadora. Pero hay en sus propuestas una muy relevante y pertinente que ha enfatizado el PRD: la del combate a la corrupción dentro de Pemex cómo un eje central de la reforma.
 
 
La resistencia de López Obrador y de las izquierdas tiene mucho de conservador y demagógico, pero tienen razón de desconfiar del uso y posible abuso del nuevo esquema de inversiones privadas. Algunas malas experiencias reformistas de los años noventa —de privatizaciones que se hicieron al amparo del amiguismo y la corrupción— dan gasolina para la suspicacia.
 
 
Por eso vale la pena incluir propuestas del PRD en materia de integridad para apaciguar las aguas del conflicto. La sociedad en general reaccionará más favorablemente a la reforma si hay garantías de que se combatirá el sistema de patronazgo y corrupción que existe desde hace décadas entre algunos líderes sindicales, contratistas y funcionarios de Pemex. No significa que con una propuesta de integridad corporativa López Obrador saldrá a festejar la reforma, pero se trata de una medida que puede generar menos obstrucción y fortalecer la certeza que requieren los potenciales inversionistas y la que requerimos los mexicanos de que la renta petrolera se usará para beneficio de todos.
 
 
Twitter: @LCUgalde