Opinión

Rurales: metamorfosis incompleta

La determinación de convertir a las autodefensas michoacanas en Fuerzas Rurales constituye un arriesgado experimento de consecuencias impredecibles que de inicio incorpora factores de enrarecimiento al ya de por sí complejo panorama estatal, en donde campea la confusión y se entremezclan la indignación social, intereses de grupos antagónicos, la criminalidad y la corrupción política.

La medida se ha difundido como forma institucionalizada de canalizar la acción social armada, que tiene su origen en la demanda de seguridad que el estado no le ha brindado, sin embargo, el hecho de uniformar y dotar de armamento oficial a las otrora autodefensas, no sólo no resuelve por sí mismo la difícil situación de la entidad, sino que la torna más complicada y la expande.

El reconocimiento explícito de la movilización armada y la oficialización de un sector de las autodefensas como fuerzas de seguridad, legaliza en la práctica su actividad y les dota de la calidad de agentes del estado, mientras que por otra parte, se descalifica tácitamente el activismo de otro segmento y de otros liderazgos surgidos de la misma fuente.

Ante la evidencia de la corrupción de autoridades locales y la actividad de grupos criminales contrarios en la entidad confundidos con las autodefensas, se carece de la certeza mínima sobre la probidad de quienes integrarán la nueva Fuerza Rural, al menos en lo individual y sobre el uso que darán a su investidura, sin los indispensables controles doctrinarios y disciplinarios que toda organización de seguridad requiere para su sano funcionamiento.

Las fracturas producidas al interior de las autodefensas michoacanas y las descalificaciones de sus líderes anuncian la expansión de su activismo al sumarse otros actores sociales reivindicando su legitimidad y generando un movimiento con pretensiones nacionales. En esencia, el anunciado Frente Nacional de Autodefensas es la descalificación tácita de las estrategias gubernamentales en contra de la inseguridad, no sólo en Michoacán, sino en otras regiones de la geografía mexicana sumidas en la violencia y la criminalidad.

Tamaulipas, Guerrero o Morelos no son casos aislados, sino la constante de una situación que se reproduce cotidianamente en diversas partes del país sin que se perciba una solución en el mediano plazo. Más allá de los recurrentes anuncios de “importantes” detenciones de peligrosos delincuentes, no se advierte una real disminución de la violencia. Asesinatos, secuestros y extorsiones van al alza, seguidos de los altísimos índices de impunidad, incentivo natural para los delincuentes y generadora consecuente de indignación social.

El modelo de atención a la severa crisis michoacana pretende reproducirse en Tamaulipas de manera diferenciada, y también otros estados demandan la intervención federal sin que se hayan obtenido aún resultados tangibles que validen la estrategia.

Mientras tanto, no sería mala idea que el gobierno ponga atención a la evolución del recientemente anunciado movimiento que pretende aglutinar una variada gama de demandas e intereses en un frente social de alcance nacional, valiéndose intensivamente de la penetración de las redes sociales y que, ante la compleja circunstancia, puede encontrar eco en otros sectores.

Dadas las características de sus promotores, será muy difícil ponerles uniforme.

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