Poder Judicial
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Poder Judicial

13/04/2018

La impartición de justicia es fundamental al Estado de Derecho. La autonomía del Poder Judicial es indispensable para cumplir su función. Al efecto se han emprendido reformas para afianzar su actuación. Ya no es el Presidente de la República quien determina quienes serán los Ministros de la SCJN, propone ternas pero es el Senado quien elige a los integrantes del Supremo Tribunal. Desde hace varios años se han emprendido reformas para fortalecer a los Tribunales y garantizar su mejor desempeño. La última se refiere a la agilización de resoluciones con nuevos procedimientos de justicia oral que aún se están instrumentando.

En estas nuevas condiciones, las sentencias impactan y regulan la convivencia de la sociedad en el marco de la incorporación de los derechos humanos al texto constitucional. Se ha privilegiado una concepción garantista de éstos para ampliar y tutelar el ejercicio de los mismos. Grupos vulnerables y minoritarios se han visto protegidos por este criterio. Por esta vía se ha avanzado en proteger derechos políticos de las mujeres y combatir la violencia de género. Hoy la SCJN ha emitido sentencia a favor de Ulrich Richter Morales con lo cual sólo faltan tres sentencias para que la jurisprudencia respecto al consumo lúdico de marihuana tenga alcance general.

Hay cuestionamientos a la actuación de los Tribunales al aplicar criterios garantistas para encauzar el debido proceso y los más polémicos son quizá el relativa al caso de Florence Cassez y hoy, la que ordena incorporar a Jaime Rodríguez, “El Bronco” a la boleta electoral que tanto ha indignado a la opinión pública. Se cuestiona aún si el Ejecutivo Federal mantiene su influencia sobre el Poder Judicial o si sus decisiones son apegadas a derechos y al criterio garantista de los mismos.

Lo cierto es que en muchos casos avanzamos más rápido por la vía judicial con sus sentencias que con la modernización del marco legal en el Poder Legislativo. No es lo más ortodoxo, pero sin duda las sentencias a favor del matrimonio igualitario, las relativas al consumo lúdico de la marihuana, la que reconoció al cabildo como órgano colegiado y por tanto sujeto al concepto de paridad de género en su integración, las sentencias del TEPJF para obligar a los partidos a cumplir con la postulación igualitaria de hombres y mujeres a cargos de elección, el reconocimiento a que cualquier mujer pueda inconformarse sobre temas de género, sin estar directamente involucrada ante un acto de autoridad, en fin innumerables sentencias abonan a mejorar la calidad de la democracia en nuestro país.

Simplificar la descalificación a las sentencias del Poder Judicial es práctica común e inevitable en una democracia, pero conforme al marco legal, cuando ya se determinan como definitivas, solo queda acatarlas. El caso de “El Bronco” aún va a mantenerse en la polémica, a nadie convenció el criterio del TEPJF y lo coloca en una difícil posición de cara a posibles denuncias durante la elección presidencial, pues se cuestionarán sus criterios. Por lo pronto la confrontación entre el INE y el TEPJF puede dirigirse a la FEPADE y a la PGR, en un proceso que involucrará a todos los candidatos independientes con una resolución que incluso desaliente a los ciudadanos a utilizar esta vía. A nadie conviene ese escenario de alto riesgo, pero será inevitable si se judicializa el proceso electoral.

Por lo pronto yo celebro el segundo amparo que la SCJN otorga sobre uso lúdico de marihuana. En el Congreso la propuesta de EPN para aumentar la dosis de consumo permisible a estándares internacionales para evitar criminalizar a adictos, fue descartada y si bien se avanzó un poco en el uso medicinal, se hizo evidente que pesan más los prejuicios que la evidencia científica. Fue muy penoso este episodio en el Poder Legislativo porque hoy día enfrentamos dos consecuencias de la prohibición. La primera que sigue siendo muy lucrativo el negocio derivado de dicha prohibición y no hay manera de reducir las ganancias económicas que motivan el narcotráfico, con la secuela de muertos y de gasto público en su combate. El segundo, que la tendencia mundial sobre el uso lúdico de drogas, en especial de la marihuana está cambiando, se ha flexibilizado y evaluado sobre la evidencia científica. En Estados Unidos, el mayor mercado de consumo de drogas y destino de la producción del mercado ilegal que al pasar la frontera se comercializa sin riesgos, son ya 29 estados los que permiten el uso medicinal de la marihuana que facilita consumo lúdico, y son 8 en los cuales se liberalizó su consumo .

Librar a México del flagelo del narcotráfico pasa por dos aspectos fundamentales, uno relativo a abatir la ganancia económica que resulta tan atractiva y fácilmente realizable, y otro, que necesariamente implica la regulación, con un marco legal adecuado, del uso de las drogas para realmente emprender políticas públicas de prevención efectiva, que además permitan tratamiento de adictos como enfermos y no como criminales. Claramente en el Poder Legislativo no se vislumbran avances al respecto. Los candidatos presidenciales poco abordan el asunto, salvo Meade en relación a atacar las ganancias, pero no hay un cambio importante, la solución de AMLO de pactar y acabar la violencia no es viable, porque la clave, que es la motivación económica, persistiría y se podría ampliar al bajar riesgos.

Es pues el Poder Judicial quien tiene hoy en día la mayor posibilidad de logar un cambio de enfoque en el combate al narcotráfico, por lo pronto en relación al consumo de marihuana, con una declaratoria de inconstitucionalidad contra la prohibición contenida en la Ley General de Salud. El Congreso ya notificado deberá decidir si modifica disposiciones o deja en manos de la Corte este asunto tan polémico. Es decir, puede seguir pateando el bote, pero es innegable que la relación México-EEUU pasa por muy mal momento, que puede tener desafortunados desenlaces. Pero como el consumo de drogas se mantiene y crece en ese país, y no hay forma efectiva de parar el tráfico de armas a México, situación que ni siquiera se va a regular internamente pese a matanzas recientes por su poderío garantizado en la constitución norteamericana, es momento de revisar críticamente el asunto.

Perdón y olvido no es una opción, es seguir postergando una solución.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.