Gobernadores
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Gobernadores

10/05/2018

Los cambios en el sistema político mexicano fueron minando el poder presidencial, acotaron su influencia sobre nombramientos en Procuradurías, Órganos Autónomos y SCJN. La descentralización del gasto público también le restó capacidad para tomar decisiones en desarrollo regional. Los gobernadores por el contrario se fortalecieron. Dispusieron de mucho mayores recursos, con laxos controles al no etiquetarse el gasto, con una supervisión mediatizada por los convenios entre ASF y ASE's. Pudieron acudir a mayor endeudamiento para financiar sus gobiernos. Si bien hubo alternancia y Congresos Locales plurales, los gobernadores operaron para mantener mayoría en sus Congresos, mediante cooptación, o mediante acuerdos. Lograron además controlar a los medios de comunicación en sus entidades, vía contratos, prebendas e incluso, mediante participación accionaria o compra de algunos.

Cuando el Presidente Fox llegó al poder, los gobernadores del PRI se reagruparon y formaron la CONAGO, una especie de sindicato, que controlaba muchas curules en el Congreso y tenía su propia agenda. En este foro se tomaron acuerdos para la gobernabilidad, pues nunca se avanzó en el poder Legislativo. Poco después la CONAGO se fue transformando e incluyó a todos los gobernadores más allá de su filiación partidista. Se formaron Comisiones y las Secretarías de Estado trabajan con éstas en la definición de políticas públicas. Así fue como EPN llegó a la Presidencia, como parte de este grupo que operó decididamente a favor de uno de los suyos.

Se rompió la regla de que gobernador no pone sucesor porque al no existir el liderazgo presidencial, el control del partido y de la clase política, su formación y la operación recayeron en los gobernadores. Unos con mayor capacidad que otros, pero todos señores feudales en su ámbito. Impusieron candidaturas, validaron oposiciones, controlaron comunicación, accedieron a mayores recursos. De hecho EPN pensó que la nueva gobernabilidad se daría con el apoyo de los gobernadores. En ellos depositó confianza, decisiones políticas y de candidaturas. Sin embargo, los abusos fueron tantos y de tal magnitud que el rechazo popular se expresó en la urnas y sorprendió al propio presidente Peña, pues al parecer tampoco operaron los servicios de inteligencia. La corrupción fue el eje de este malestar, porque además de cuantioso, el saqueo fue realizado sin pudor. Quienes no participaron fueron relegados del servicio público y de la política, con lo cual el PRI se debilitó y se convirtió en el más rechazado por la población.

Cierto es que finalmente se realizaron investigaciones a nivel federal y están presos o prófugos varios gobernadores, lo cual no alcanza para desterrar el malestar y el daño causado. Sin embargo, ya no hay remoción de gobernadores en funciones. El último presidente que aplicó esta medida fue Carlos Salinas. Lo hizo porque contaba con instrumentos. El primero, mayoría en el Senado para poder proceder con juicio político si el caso lo ameritaba. El segundo, un sistema de inteligencia que funcionaba para reportar situaciones en torno al desempeño de los gobernadores. El tercero, un partido aún hegemónico que dependía del propio presidente. El cuarto, el control del gasto público que se etiquetaba en función de metas y programas y no era una simple transferencia de recursos.

Hoy ya no se vislumbran estos controles o equilibrios, si se quiere usar el término. Los gobernadores siguen empoderados, un poco disminuido su alcance, por legislación en materia de deuda y otros aspectos, pero controlan en Congreso Federal y los suyos propios. Por su influencia y su capacidad de controlar procesos políticos y de comunicación, son jugadores muy importantes en el próximo proceso electoral. Cierto que las tendencias de voto no pueden ser controladas, pero sí contrarrestadas con operación política adecuada. La duda es por quién se inclinarán los gobernadores de los distintos partidos políticos. Porque su propia subsistencia está en juego, sobre todo si un partido vuelve a tener mayoría en el Senado, tribuna de juicio político para los gobernadores. Y ahí reside el temor de AMLO pese a su ventaja en encuestas, de ahí el llamado al voto en cascada.

Y es que la lógica regional no necesariamente sigue la nacional, sobre todo si los candidatos son improvisados o de mala trayectoria, conocidos por la población que puede inclinarse por diferenciar su voto. Así las cosas. La operación política de los gobernadores, aún con sus limitaciones, tanto legales como de liderazgo efectivo, es un elemento que no puede dejar de considerarse. Ellos tomarán su decisión en función de sus propios intereses, más allá de partidos.

En tanto, los candidatos presidenciales mantienen la contienda, nada de declinaciones, ni de abonar al contrario. Se rompió la confianza entre PRI y PAN, no parece posible algún acuerdo. La ecuación favorece a AMLO, pero serán las urnas las que hablen. AMLO protege su ventaja, Anaya busca convencer de que el voto útil puede ser suyo, y Meade relanza su campaña con un activismo más militante, con un mejor desempeño en su llamado al voto, incluido el no se hagan bolas, voten por el mejor candidato.

Entretanto, empresarios acosados no acaban de decidirse, no está en su naturaleza el tomar partido públicamente. Sin embargo, tienen sus preferencias. Y sus temores. Por lo pronto expresan que parte del nerviosismo de los mercados se debe al proceso electoral. El peso se devalúa por una combinación de factores, la renegociación del TLCAN que puede o no concluirse este mes, lo que implicará nuevos escenarios de riesgo. La fortaleza del dólar y posible incremento de tasas de interés. Y desde luego, la incertidumbre frente al proceso electoral, sobre todo porque el puntero no define con claridad un proyecto. Estamos pues en una situación de definiciones, aún falta camino por recorrer.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.