Con los días, la gana participativa de los ciudadanos parece desplegarse en simpatía y apoyo al presidente López Obrador. Así lo muestra la encuesta del lunes de El Financiero y lo sugiere el sentido común, contrario de las supercherías sobre el retroceso de la historia o la regresión económica a que nos llevaría el recién descubierto culto del legendario secretario de Hacienda de los años sesenta, Antonio Ortiz Mena.
Ninguno de estos pasos atrás son concebibles y de poco ayudan a ubicar adecuadamente el proceso de cambio político que vivimos. Lo que habría que admitir es que el cambio social, en la psicología colectiva y la propia estratificación de la estructura, no fue correctamente aquilatado por los analistas y dirigentes políticos que prefirieron darse a sueños vacuos sobre el ascenso y expansión de las clases medias, o la ampliación de las franjas agrícolas exitosas gracias, se dice, a la apertura y el libre comercio, como si Sinaloa, Sonora o Baja California hubiesen emergido de las profundidades del Pacífico al final del siglo XX.
La aceptación activa del nuevo gobierno ofrece tiempo y espacio reflexivo, pero también está latente la probabilidad de cambios en los humores sociales debido a malos manejos del tiempo y de las políticas en que pudiere incurrir el nuevo gobierno. Sin exageración alguna, éste es el filo de la navaja a través del cual el grupo gobernante tiene que tejer su estrategia que poco tiene que ver con las proclamas de campaña o las urdidas en esta larga transición.
De entrada, mucha gente parece dispuesta a cambiar símbolos de victoria y compensaciones inmateriales, como la apertura de Los Pinos o la venta del avión presidencial, por realizaciones materiales o institucionales claramente vinculadas con las ofertas de campaña y, sobre todo, con las miles de necesidades sufridas por una población castigada en extremo por las crisis, los ajustes y una austeridad nunca diseñada para dar cabida a principios y compromisos de equidad y protección de los más vulnerables.
Desde esta acumulación de carencias e insatisfacciones, proviene la legitimidad del reclamo de un mayor crecimiento económico sin el cual nada puede dinamizarse para dar lugar a nuevas expectativas. En un ambiente siempre al borde de la recesión depresiva, poco se puede ofrecer de empleo como vía primaria para reconstruir las bases de un progreso individual o grupal sustentado por un mercado amplio y dinámico.
Nuestra economía no ofrece el mínimo linimento para aliviar viejos daños y obligadas posposiciones en el consumo o el bienestar y, a pesar de lo mucho empeñado en la construcción de bienes públicos indispensables como la salud, el techo o la educación, nada puede suplir la falta de recursos para satisfacer las necesidades de la población, pobre y no pobre.
Desde esta perspectiva, que quiere ir más allá del cálculo económico elemental y de las previsiones generales sobre la gobernanza y la paciencia de la mayoría, es obligado reiterar que una ausencia conspicua del discurso y la ponencia del pasado día primero es lo tocante al papel fundamental, primordial y elemental del Estado en la (re)construcción de una economía política que, para ser eficaz como vehículo de estabilidad y consenso, no puede sino ser mixta y comprometida con la formación de un Estado de Bienestar constitucionalmente responsable de y ante los principios y obligaciones contenidas en la propia Constitución.
Tendrá que ser en consonancia con esta ausencia, más que sentida presente, que la nueva coalición gobernante deberá aprestarse a plantear(se) la urgencia de asumir en positivo su asignatura principal: llevar a cabo la pospuesta reforma hacendaria para proveer de recursos suficientes al Estado y obligarlo a gastar bien y con transparencia, conforme a sus propias obligaciones como Estado nacional y constitucional.
Sin esta indispensable reforma, poco o nada puede esperarse de la Gran Oferta de un cambio de régimen que recoja otra transformación de gran calado. Sin equidad e igualdad no hay bienestar alguno ni democracia que aguante.