El endurecimiento de los controles en la frontera con Estados Unidos, por parte de las autoridades norteamericanas, tiene repercusiones negativas para la seguridad del país, sobre todo en los estados colindantes. El aumento de estrés al paso de personas y bienes, ya sea por revisiones más rigurosas en los puestos migratorios o aduaneros, o bien por un mayor despliegue de fuerza de disuasión o contención, incide de manera directa en el comportamiento de los mercados ilícitos y de las organizaciones criminales. Para decirlo en pocas palabras: esas decisiones implican costos adicionales (riesgos) que modifican la estructura de incentivos de los mercados y, eventualmente, cambios en el modelo de negocio de los criminales.
Véanse dos ejemplos concretos del impacto de estas políticas. Después de los atentados terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, el gobierno de George Bush aumentó la presión sobre su frontera sur, bajo la lógica de que otra posible incursión islámica podría aprovechar su porosidad. Esto se tradujo en nuevas y más agencias involucradas en el control del tráfico fronterizo, despliegue de Guardia Nacional, uso más intensivo de tecnologías, revisiones más rigurosas en los pasos de personas y mercancías. El riesgo de la exportación de drogas aumentó y, por tanto, los costos asociados a su colocación en los mercados negros norteamericanos. En este contexto -todo lo demás constante- el precio y la utilidad de la exportación ilegal tendió a incrementarse. El negocio se vuelve más apetecible e induce la llegada de nuevos oferentes que se disputan rutas, plazas y clientes, así como la aparición de bienes sustitutos. Con una mayor disponibilidad de armas, dado el levantamiento de la prohibición de venta legal de armas de asalto en Estados Unidos a partir de 2004, el conjunto de oferentes tiene que recurrir a distintas formas de violencia para desplazar a sus competidores. Pero también entre más oferta el precio del bien tiende a caer y con ello la utilidad. Sin embargo, las organizaciones criminales operan con costos fijos (sobornos, armas, reclutamiento). Tienen que compensar sus ganancias. Con su capacidad instalada, se mueven a otras modalidades de extracción de rentas (secuestro, robo, extorsión, trata). Es decir, delitos que afectan cotidianamente la convivencia. Ahí están los datos de esa explosión de violencia y de incidencia delictiva en la primera década de este siglo.
Entre 2009 y mediados de 2016, la administración de Barack Obama deportó a cerca de 2.8 millones de inmigrantes indocumentados, un aumento de poco más de 40 por ciento con respecto al gobierno de Bush Jr. Buena parte de estas deportaciones se ejecutó en los puentes fronterizos con México, debido a que las autoridades desconocían la nacionalidad de origen, actuaban bajo la presunción de que eran mexicanos o porque así lo declaraban los detenidos para quedarse en la proximidad de la frontera e intentar volver a Estados Unidos. Un número importante de los deportados eran personas con antecedentes criminales. Esto provocó, al menos, dos efectos en nuestro país: por un lado, una mayor demanda del servicio de tráfico de indocumentados y, por otro, más oferta de capital de trabajo para las organizaciones criminales. En el contexto de la diversificación del modelo de negocios de dichas organizaciones, la trata de personas se convirtió en una nueva y atractiva fuente de ingresos. Las bandas criminales encontraron una reserva importante de personas para ser reclutadas a un menor costo. En resumen, nuevos negocios ilícitos y más personas dispuestas a incursionar en éstos. Más dinero y poder de fuego para el crimen organizado.
La acción ejecutiva de Donald Trump que ordena el despliegue de la Guardia Nacional sobre la frontera implica un nuevo riesgo para nuestro país. Con independencia de las condenas declarativas y posibles respuestas que se pueden adoptar en términos de la relación bilateral y los ámbitos de colaboración, lo cierto es que México necesita, pronto, una estrategia de prevención y mitigación de los posibles efectos del muro invisible que pretende Trump. Podrá o no ser otra balandronada trumpista para sacar ventaja anímica de las siguientes rondas de renegociación del TLC; podrá ser creíble o no, pero mientras el riesgo exista, el gobierno federal debe convocar a los estados fronterizos a buscar soluciones para reducir los costos al comercio, a los flujos de personas, a la incesante migración que proviene del sur y, en especial, a la seguridad. Y es que esta película ya la hemos visto al menos un par de veces. Si ya sabemos en qué puede acabar, dejemos las palomitas y pongámonos a trabajar.