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14/03/2018
Actualización 13/03/2018 - 23:10

Las constituciones son cajas de herramientas. Palancas, pinzas y martillos para moldear la capacidad de orientar las conductas de los otros. Un menú de instrumentos para diseñar una pieza, construir un artefacto o arreglar un desperfecto. Su textura abierta, su naturaleza dúctil, crea un amplio marco de opciones operativas de sus principios y reglas. Porque una constitución no tiene derroteros predeterminados. Una solución constitucional puede ser ensayada en un supuesto diferente al que motivó su creación. Otras pueden quedar vedadas para casos análogos por la evolución de la interpretación. Los cambios y las mutaciones normativas pueden crear ataduras, o bien, válvulas de salida. Y es que la función esencial de la constitución es determinar la dotación de los utensilios lícitos del poder: esos medios legítimos para transformar la realidad.

El federalismo mexicano es una caja vacía. Una distribución ciega y arbitraria de competencias que no se hace cargo de las desigualdades materiales existentes entre los componentes del pacto. Un reparto de obligaciones que no responde a la razón del equilibrio entre proximidad y complejidad. Un modelo formal de asignación de poder que choca con las asimetrías de las capacidades reales. Nuestro federalismo es un arreglo rígido que ofrece muy pocas herramientas para remediar la debilidad institucional, la negligencia de la autoridad local o la captura de éstos por intereses legales o extralegales. Es una manoseada forma de vertebración del Estado que no asegura la ayuda solidaria de los más fuertes sobre los más débiles. Un diseño que nunca se ha ocupado de los pivotes para responder a situaciones de crisis o de necesidad. Un sistema de interacciones que diluye las responsabilidades. La gestión informal de un caótico enjambre de facultades y deberes.

Esto es especialmente claro en la cuestión de la seguridad. Si bien se trata de una función concurrente articulada en un sistema nacional, lo cierto es que, desde el punto de vista de su operación cotidiana, los deberes de uno y otro se desvanecen en las zonas grises de los diversos tratamientos que la legislación otorga a los distintos fenómenos criminales. El federalismo de la seguridad responde a una suerte de casuística normativa que hace sumamente difícil delimitar y evaluar los tramos de responsabilidad. Peor aún, conforme el espectro de actuación de la delincuencia organizada se ha ampliado, mayor oportunidad para el pretexto local de la incompetencia legal. El resultado de este galimatías competencial explica, en buena medida, los altos índices de impunidad del país.

Pero el fallo estructural del federalismo se hace evidente en los escasos márgenes de intervención que tienen la autoridad federal sobre las locales y éstas sobre las municipales. La falta de instrumentos constitucionales apropiados y pertinentes de remediación para situaciones de crisis, de necesidad o de fuerza mayor, ha conducido a terapias de choque que bordan en los límites de nuestra institucionalidad. El despliegue masivo de Fuerzas Armadas sin orden ejecutiva, la desaparición de facto de los poderes locales, la toma de control de cuerpos policíacos o de sus mandos, son sólo ejemplos de la forma coyuntural en la que se ha enfrentado el vacío instrumental de nuestro federalismo. Basta repasar las experiencias de operativos de estabilización que no dejan bases sólidas de largo plazo.

Tlaquepaque es el último síntoma de esta anomalía. Resulta extraño que se objete la regulación del supuesto constitucional de la seguridad interior como una ruta de intervención federal excepcional y temporal, pero que no motive preocupación alguna el desplazamiento de hecho de la autoridad local. En el caso concreto, el gobierno estatal aduce la alteración al orden público para asumir el mando de la fuerza pública municipal; se ordena el desarme bajo las potestades discrecionales del nuevo mando; se abren investigaciones ministeriales por la posible colusión policial con el crimen organizado en la localidad, pero no se detiene a nadie; se suple la presencia de la corporación local por un despliegue conjunto de fuerza federal y estatal que responde al fin de contener la crisis, antes que heredar capacidades institucionales permanentes. Una vuelta más de sofisticación en una década de distintas variantes de intervención sobre municipios o regiones bajo control criminal. Un municipio más que es intervenido y que muy probablemente presentará indicios de mejoría en el corto plazo. Otro municipio que será dejado a su suerte tan pronto surja una nueva prioridad.

El problema de la seguridad no es la estrategia, sino la disfuncionalidad del federalismo. La caja vacía de una constitución sin soluciones.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.