Lehman Brothers y la crisis del Estado
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Lehman Brothers y la crisis del Estado

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Lehman Brothers y la crisis del Estado

12/09/2018

15 de septiembre de 2008. Siete de la mañana. A la apertura de los mercados bursátiles, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, se declaraba en quiebra. 613 mil millones de dólares en deudas: una bancarrota inédita en la principal economía capitalista del mundo. La decisión, por supuesto, detonó una crisis de confianza en el sistema financiero global. Se soltaron los alfileres de la ortodoxia económica que había mimado a la industria financiera, desde que dejó en manos del mercado el control y la gestión de los riesgos. Ahí inició la mayor crisis financiera y económica de la historia reciente, incluida la Gran Depresión del 29. También, la más profunda crisis política que han experimentado las instituciones de ese proyecto que conocemos como democracia liberal.

Todo empezó con la paulatina contracción del Estado. Después del éxito del modelo de bienestar, instalado como fórmula de compromiso y de pacificación a partir de la segunda posguerra, la no intervención estatal en la economía, el laissez faire de las visiones libertarias extremas, se convirtió en el paradigma dominante. De la mano de la apertura comercial, la desregulación de sectores y el redimensionamiento del papel del Estado a “vigilante nocturno” de los derechos de propiedad. El mercado, libre de distorsiones e ineficiencias, tendría mayor aptitud para generar riqueza y distribuir los bienes de una sociedad. En la médula de ese credo, se reprodujeron lentamente las causas de la Gran Recesión de 2008: la débil regulación financiera generó apetito por un mercado especulativo de bienes de capital que se colapsó tan pronto como se corrieron las cortinas de la insolvencia; la falta de supervisión agudizó el riesgo sistémico por la débil capitalización de la industria y el incremento sostenido de la deuda, pública y privada; la concentración empresarial, esos nuevos oligopolios que atenazan a las instituciones políticas y limitan las opciones a los consumidores, privatizaron las ganancias e hicieron públicas las pérdidas, debido a que ya eran “demasiado grandes para caer” (a septiembre de 2009, sólo el valor del total de los activos de Bank of America equivalía al 16.4 por ciento del PIB de Estados Unidos).

La anemia del Estado convirtió la crisis económica en una crisis política que socavó las bases de legitimidad de las democracias. Por un lado, ningún Estado podía actuar solo y, por el otro, sus márgenes de actuación estaban seriamente limitados por políticas adoptadas por otros, o bien, por aquellas que procedían en medio del desconcierto de las nuevas instituciones de la globalidad, esencialmente de las instituciones financieras y los bancos centrales. La recuperación tuvo distintas velocidades precisamente por la incapacidad de una respuesta coordinada y globalmente homogénea. Mientras Estados Unidos, Inglaterra y Japón, entre otros, apostaron por la expansión de la economía a través de intervenciones monetarias y fiscales, Europa se sometió a una dura terapia de austeridad que, entre otras consecuencias, ralentizó las posibilidades de crecimiento y contrajo aún más el Estado de bienestar. En ambos extremos, sin embargo, el resultado parece ser el mismo: el incremento de la desigualdad, ya sea por la concentración de los beneficios de la recuperación económica o por la precariedad existencial impuesta a los que se van quedando atrás. Élites prósperas y mayorías empobrecidas. Y, desde ahí, el descontento social que ha acelerado la irrupción de soluciones autocráticas en prácticamente todas las democracias.

La otra crisis, la del 29, derrumbó la República de Weimar y estimuló la respuesta fascista, pero también resituó al Estado frente a los procesos y relaciones económicas. Su legado fue la idea de que la intervención pública puede generar los puntos de equilibrio que el mercado difícilmente alcanza de manera espontánea.

La mano visible del Estado, en forma de inversión, regulación y de compensaciones positivas de las desventajas, a través de las políticas redistributivas o la satisfacción de necesidades básicas, es tan necesaria como la eficiencia de los mercados. La nuestra, la del 2008, no ha conducido a repensar al Estado en el contexto de la globalización económica. Se ha limitado a regresar las cosas al estado en que se encontraban antes del pinchazo a las burbujas; a restablecer una suerte de ruta que se interrumpió accidentalmente una mañana de septiembre, cuando el mercado en sus fatalidades hizo caer a un gigante. Es la obstinación tecnocrática de creer que el modelo económico, político y social de las últimas tres décadas tiene vida eterna y marcha decididamente hacia el progreso. El posible colapso de un proyecto civilizatorio que ha perdido su capacidad regenerativa.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.