Gobierno de coalición
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Gobierno de coalición

31/01/2018
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Elecciones. (Cuartoscuro)
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Una de las aportaciones más relevantes de la reforma política de 2014, fue la incorporación de la figura de los gobiernos de coalición. Frustrada la discusión sobre la segunda vuelta electoral, se pensó en la necesidad de un mecanismo que indujera a los partidos políticos a formar mayorías legislativas estables en torno a agendas concretas, esto es, a compartir el poder a cambio de compromisos explícitos de colaboración. La intención central era atenuar las dificultades de los gobiernos divididos y, también, anticipar los efectos que puede traer consigo para la gobernabilidad el hecho de que los parlamentos, especialmente el federal, tienden a la fragmentación (por la aparición de nuevos partidos y candidaturas independientes), así como a reproducir mayores grados de indisciplina (como consecuencia de los incentivos que generará la reelección legislativa en el sistema de partidos). En este nuevo contexto institucional y dada la propia evolución de nuestro pluralismo, se requiere, inevitablemente, otra forma de entendimiento de la relación entre poderes: inductores eficaces para que los diferentes se encuentren a mitad del pasillo.

El sistema presidencial tiene en la médula una distorsión a la cooperación. En la medida en que el ganador se lleva todo, el tono de la confrontación tiende a aumentar y, por tanto, se hace más difícil la construcción de mayorías. No hay incentivos a compartir el poder y sí a obstaculizarlo. A diferencia del sistema parlamentario, en el que es posible el recambio en la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno o convocar a elecciones para reconfigurar la distribución de la representación, el ADN contramayoritario del presidencialismo (Gargarella, 1992) genera una dinámica de enfrentamiento permanente entre el gobierno y la oposición que propicia, de forma muy habitual, escenarios de parálisis, sobre todo en contextos de alta dispersión partidaria o frente a agendas que radicalizan posiciones. Esta dinámica, por lo demás, es causante de otros males: explica la tentación a la concentración del poder para desplazar a las oposiciones, el uso y disposición de recursos para vencer la resistencia, la captura institucional por la vía de la amenaza o la corrupción, la corporativización de la política con beneficios extralegales, etcétera. En el sistema presidencial, la razón estratégica de los jugadores no borda sobre el impulso a conservar alianzas estables que aseguren el acceso a una porción efectiva de poder, sino hacia situaciones suma cero en el que las ganancias de uno son el saldo de las pérdidas del otro.

El modelo que escogió el poder revisor de la Constitución ofrece dos opciones al presidente de la República. Por un lado, entenderse con el Congreso, caso por caso, con mayorías ad hoc, tal y como ha sucedido desde 1997. En este supuesto, los diputados deben ratificar al secretario de Hacienda y el Senado a los de Relaciones Exteriores y Función Pública. Se entiende que un presidente optará por esta ruta cuando su partido tenga o esté cerca de la mayoría o cuando advierta que existen condiciones para negociaciones exitosas con uno o más aliados, empezando por dichas ratificaciones. Por otro lado, el presidente puede construir una mayoría estable, a través de la suscripción y la votación en el Senado de un convenio de coalición y de la ratificación de su gabinete.

Las prescripciones constitucionales sobre la fisonomía, alcances, incentivos intra e interpartidarios y formas de terminación del gobierno de coalición son muy escuetas. Su diseño se remite a la ley reglamentaria y, en última instancia, al convenio respectivo. De ahí que una adecuada regulación sea esencial para que el mecanismo funcione adecuadamente. Se debe pensar en componentes como: la conducción colegiada del gobierno de coalición que tenga como eje el gabinete; la estabilización de la mayoría legislativa a través de los instrumentos del derecho parlamentario (órganos de gobierno, comisiones, reglas de preferencia en las discusiones, prerrogativas); la vinculación de la agenda de la coalición con las asignaciones presupuestales, de modo que sólo se financien las políticas convenidas; mecanismos de disciplina de voto para garantizar tracción a la agenda; control político permanente sobre el gabinete y causas de disolución rígidas.

Para cuidar la gobernabilidad, no bastan las coaliciones electorales. Se necesitan mecanismos institucionales para incentivar la colaboración entre adversarios. El gobierno de coalición es una solución de país. Debemos regularla para que 2018 trascurra con menos sobresaltos.

Senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.