Entre las dos guerras mundiales, el sistema económico de la mayoría de los países industrializados enfrentaba una severa crisis. El desempleo había alcanzado niveles inéditos. El descontento social se expresaba en huelgas y protestas. La realidad parecía confirmar las previsiones marxistas sobre el fin del capitalismo. El pensamiento económico ortodoxo no ofrecía soluciones concretas. En efecto, la teoría neoclásica sostenía que el pleno empleo era el nivel en el que trabaja la economía y que todo desajuste se autocorregiría en el largo plazo. Sin embargo, el desempleo y, en particular, la infrautilización de la capacidad productiva, no permitían anticipar tal regeneración del sistema, sino que, por el contrario, habría que esperar una contracción mayor de la demanda, el consumo, la inversión y, de nueva cuenta, el empleo. Se debe salir de la trampa del equilibrio con subempleo, alegaba John Maynard Keynes. La única solución posible era recurrir a la intervención del Estado, a través del gasto en inversión y el endeudamiento deliberado. Las economías podrían crecer sin los espasmos de la crisis, afirmaría Keynes, "si nos despedimos del laissez-faire, pero no necesariamente del capitalismo que, regulado con una atinada intervención del Estado, podría crear riqueza y estabilidad para todos".
Desde la "revolución keynesiana" (o sueca como afirma J. Kenneth Galbraith), el fin del gasto público no es sólo el financiamiento de los deberes estatales. Es, por el contrario, un mecanismo para romper ciclos económicos depresivos, canalizar los ahorros no utilizados del sector privado o promover el crecimiento. Más allá de garantizar los sueldos de la burocracia o el sostenimiento de las instituciones públicas, el gasto del Estado puede ser útil para impulsar la demanda, el consumo y, también, el empleo. Tiene una vocación multiplicadora de la renta nacional, porque impacta en la productividad y en la competitividad de una economía. Genera renta social, en la medida en la que edifica plataformas para igualar en las oportunidades a las personas. Crea valor, precisamente cuando se destina a bienes o servicios que en razón de sus costos o riesgos no puede generar por sí el mercado.
Por supuesto que la austeridad es una disciplina deseable. Lo es en un doble sentido: libera recursos por definición escasos y es un factor de legitimidad en el ejercicio de las potestades económicas de la autoridad. Pero la austeridad como ideología puede afectar sensiblemente la presencia del Estado en las relaciones sociales. En la concepción radical de que a menor gasto público mayor eficiencia y riqueza en la economía, gravita también el pretexto para la precarización de los servicios públicos y para el desmantelamiento de la responsabilidad estatal sobre las necesidades básicas de las personas, tal y como se experimentó en buena parte del mundo después de la crisis financiera de 2008. La austeridad como dogma es la coartada económica para reducir lo público a su mínima expresión. Demonizar el gasto público es el principio de la negación del Estado.
Además de la contracción de la esfera de actuación estatal, la austeridad puede ser un vehículo para la captura institucional, especialmente de los órganos de la imparcialidad. La inanición presupuestal es un garrote eficaz para debilitar los contrapesos y equilibrios democráticos. Un hacha para cercenar capacidades de ejercicio de facultades públicas. Un mazo para el chantaje.
La deseable austeridad empieza, sin duda, en la eliminación de los privilegios injustificados en la función pública. Pero no se agota ahí. La cuestión central es el destino de los recursos que se extraen de la sociedad para sostener las funciones esenciales del Estado. No hay austeridad cuando se sacrifica inversión pública productiva para financiar políticas asistencialistas o clientelares. No hay austeridad en la guillotina ciega que no se hace cargo del costo de oportunidad de retrotraer al Estado de una responsabilidad. Eso es, nada más, demagogia populista con disfraz republicano.