Corrupción y democracia
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Corrupción y democracia

20/12/2017
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Corrupción
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Los demócratas nos hemos autoengañado con respecto a la corrupción. Primero creímos, con buena parte de razón, que la corrupción era un mal asociado a los regímenes autoritarios o totalitarios. La democracia, por tanto, vendría a echar luz sobre las conductas corruptas y permitiría sancionar a los responsables. La competencia, la transparencia y la rendición de cuentas, como elementos inherentes a la democracia, no sólo visibilizarían la corrupción ahí donde se encontrase, sino que la inhibirían. Se nos hizo fácil creer que era todo lo que se necesitaba.

Pero sucede que muchas sociedades transitaron a la democracia, sobre todo en nuestro hemisferio, y la corrupción siguió ahí. En algunos casos incluso se hizo mucho más pública, visible. Los demócratas recurrimos a varias explicaciones: que la corrupción era un problema cultural, esto es, reflejo de la forma de ser de los individuos en el marco de un conjunto de modos de vida y costumbres; que la corrupción era un problema de subdesarrollo, el saldo del atraso social y económico de nuestras sociedades; que la corrupción es un problema de orden regulatorio o normativo, derivado de los mayores o menores márgenes de discrecionalidad con la que cuentan los agentes del Estado; que la corrupción es un problema esencialmente criminal, de tipificación de delitos y aplicación de sanciones penales; que la corrupción vive y se nutre de la imperante impunidad; que la corrupción es un problema de orden electoral y, por tanto, que se resuelve sacando a los pillos y eligiendo a los honestos; que es una manifestación de la debilidad del Estado de derecho, etcétera.

Estas aproximaciones explican el tipo de soluciones que hemos ensayado en los últimos años: nos hemos enfocado esencialmente en aumentar la transparencia y el acceso a la información, reducir la discrecionalidad de los agentes del Estado y, en algunos casos, endurecer el reproche penal sobre las conductas corruptas.

Y la corrupción, desafortunadamente, sigue ahí y sus altos costos también. Los demócratas nos hemos autoengañado porque nos hemos aferrado a la idea de que la democracia está en mejor situación, en comparación con otros sistemas políticos, para enfrentar los problemas generados por la corrupción. Sí, sin duda, la corrupción es un desafío de instituciones, de hacer que los costos de la transacción corrupta sean mayores a los beneficios, esto es, aumentar la probabilidad de visibilizar, investigar y sancionar una conducta corrupta.

Los diagnósticos sobre la corrupción política en las democracias se deben ocupar del conjunto de condiciones estructurales en los que nacen esos incentivos a intercambiar una decisión por un beneficio. Así como en un sistema político totalitario o autoritario es fácil situar la fuente de la corrupción en la concentración absoluta del poder, la forma en la que se articula la competencia política explica el mayor o menor grado de corrupción en los sistemas democráticos.

Así, uno de los problemas centrales está en las condiciones de la competencia política y, sobre todo, de los lubricantes y bisagras de esa competencia. Y esto nos conduce inevitablemente a la relación entre dinero y democracia. Esta relación es el desafío moral, intelectual, político e institucional más serio que ha enfrentado el ideal democrático.

Algunas ideas para situar esa complejidad. La competencia electoral es altamente dependiente del dinero. Las elecciones son rutinas periódicas y, por tanto, los partidos son maquinarias siempre encendidas: el círculo de dependencia del dinero es constante. El dinero sólo puede venir de dos lados: del Estado o de los particulares. Toda regulación o control al dinero en la política genera mercados negros. El tamaño de ese mercado negro está ligado, por un lado, a la eficacia de esa regulación y, por otro, al balance costo-beneficio de cumplir o incumplir esa regulación. El acceso al financiamiento privado, como hoy lo tenemos, genera compromisos que se retribuyen, después, con decisiones de gobierno. Es el círculo perverso del dinero en la democracia competitiva y, sin duda, representa uno de los pendientes más significativos que tenemos los políticos para la sostenibilidad de nuestra democracia. Debemos, cuanto antes, retomar esta discusión.

Los demócratas no hemos sido lo suficientemente autocríticos. El populismo lo sabe. Su apuesta de eficacia es la simplificación de los problemas y las soluciones. Cada vez que surge un caso de corrupción o fallan las instituciones destinadas a combatirlas, le damos una nueva razón para su credibilidad en perjuicio de la democracia. Pero tengámoslo claro: no existe una bala de plata para resolver la corrupción y la impunidad. La respuesta pasa necesariamente por una solución que haga frente a las múltiples cabezas del monstruo de una manera institucional. Sin mesianismos ni propuestas maniqueas. Cada entorno y circunstancia debe ofrecer sus soluciones. Lo que sí, y nadie puede cambiar, es que la democracia es el único sistema político que ofrece las condiciones necesarias para solucionar el problema de la corrupción, mediante una discusión abierta, crítica y propositiva.

Senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

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