Aviso para los reformadores del fuero
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Aviso para los reformadores del fuero

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Aviso para los reformadores del fuero

04/04/2018
Actualización 04/04/2018 - 14:10

La respuesta política a la indignación colectiva sobre la corrupción se ha centrado en el mal llamado 'fuero'. De pronto, pareciera como si la causa de la corrupción fuera la protección que la Constitución otorga a ciertos cargos públicos. Se insiste de manera recurrente en la tesis de que los servidores públicos están cubiertos por un manto de impunidad; que no pueden ser sujetos de responsabilidad criminal por las acciones u omisiones que cometan en ejercicio de funciones oficiales; o bien que no es posible llevarlos ante la justicia, porque la ley exige como condición de procedencia que se agote un procedimiento esencialmente político ante un órgano eminentemente político.

El problema central de esta discusión es su simplificación. La falta de castigo para ciertos servidores públicos se debe, en buena medida, a la precariedad del sistema de responsabilidades, una falla que la reforma anticorrupción pretendió corregir. Y ahí concurren varias variables de diseño y operación, que tienen un mayor peso en la ecuación de la impunidad que las propias inmunidades procesales. Por un lado, la dependencia y captura política –combinada con la débil profesionalización– de los órganos de control interno, fiscalización, investigación, instrucción administrativa, persecución penal y sanción son un obstáculo para la aplicación eficaz de la ley y, por tanto, para potenciar su efecto disuasivo. Por otro lado, la disfuncionalidad de los mecanismos de responsabilidad política y administrativa ha intensificado la demanda sobre el uso de la represalia penal como vehículo restaurador del daño social: dado que nadie paga consecuencias intermedias, crece la exigencia de tratar las conductas oficiales desde la palanca de la política criminal, esto es, castigar todo y a todos con cárcel. Mientras estas variables no se corrijan, con o sin 'fuero', los inhibidores a la corrupción tendrán nula eficacia. Y la impunidad seguirá a sus anchas.

Pero, además, resulta preocupante el desprecio populista por una institución creada para evitar la concentración del poder y para asegurar su equilibrio en aras de preservar las libertades de todos.

Y es que el 'fuero' no es un privilegio para evadir la ley. No autoriza a pasarse el semáforo, a salvarse del 'Torito', a dejar de pagar pensiones alimenticias o a no recibir condena por el incumplimiento de un contrato (si en los hechos ciertos funcionarios públicos muestren la 'charola' y otros se someten a ese amago, es otra cosa). El 'fuero' protege a ciertas funciones del riesgo de que otro poder, especialmente el Ejecutivo, enderece la coacción estatal para interferir en su ejercicio, para debilitarlo o cooptarlo. Es una garantía para hacer efectivos los controles y contrapesos que definen el núcleo esencial del Estado democrático de derecho. Ciertamente el modelo mexicano no es virtuoso. Paraliza la persecución penal hasta que se levanta la inmunidad procesal. En otros sistemas, dicha garantía sólo restringe temporalmente la aplicación de medidas privativas de libertad: la persecución penal sigue, pero hasta en tanto no se declare la procedencia legítima de la acusación, no es posible la privación de libertad, salvo situaciones de flagrancia. En otros casos, el 'fuero' significa una jurisdicción especial, generalmente ante cortes supremas. Ahí están los espacios naturales de exploración y de mejora. Pero es una insensatez eliminar la figura, a menos que ya nuestra política sea el reino de los ángeles.

Si, por el contrario, lo que se pretende es cambiar el régimen de responsabilidades del presidente de la República, entonces la discusión debe ser sobre su condición de irreprochabilidad penal y administrativa. En efecto, el presidente mexicano sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Es absolutamente irresponsable por faltas administrativas y relativamente imputable por delitos. No se encuentra sometido a la jurisdicción de órganos de control y tribunales ordinarios; en esos supuestos excepcionales, sólo puede ser acusado por la Cámara de Diputados y sancionado por mayoría calificada del Senado. Esta configuración se debe a la intención explícita de moldear una presidencia fuerte que no estuviera sometida al asedio de otros poderes. Pero también explica los vicios del presidencialismo mexicano, que es impostergable remediar.

Decía Muñoz Machado que todo cambio normativo debe empezar por estudiar con exactitud dónde radica lo necesario para no abrir el flujo de lo fútil y marginar lo esencial. Si bien otras fórmulas de 'fuero' pueden ser deseables, no hay razón democrática para sepultar la figura. Mejor ocupémonos de lo que puede efectivamente aumentar el riesgo para los servidores públicos, de violar la ley.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.