Opinión

Río revuelto


Al unísono existe ya una voz en contra de que el PRD y un sector del PAN afín a aquél, sigan confundiendo y retrasando la aprobación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahora la punta de lanza es la definición de preponderancia, donde insisten que se debe declarar por servicios y no por sector.

La reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión surge como respuesta a la falta de competencia económica en tales sectores. La creación de la institución de la preponderancia responde a la necesidad de contar con una medida inmediata y sencilla de acción del Estado, que sólo toma en consideración el tamaño de la participación que se tiene en cada sector (50 por ciento).

A la par de la preponderancia, la Constitución mantuvo la figura del “poder sustancial de mercado “, y distinguibles fácilmente. La primera es general (agregada) y la segunda específica (desagregada).

La preponderancia no tiene equivalente en la legislación nacional o internacional. Lo común es realizar una investigación técnica-económica, la determinación del poder sustancial en un mercado específico, que consiste en verificar si un agente económico tiene un peso específico en un mercado de bienes o servicios que le permita fijar precios, impedir la entrada de nuevos competidores o desplazar a los existentes.

Con la preponderancia no se realiza tal procedimiento técnico, no se especifica un mercado, no se mide el poder sustancial, ni se razona si las prácticas comerciales del agente económico están desplazando competidores; simplemente se mide la participación en el sector y si ésta rebasa el 50 por ciento. Es decir, una buena razón para que la preponderancia sea por sectores es porque resulta muy fácil identificar y medir a un sector económico en su conjunto.

La preponderancia es un atajo de la autoridad que debilita la capacidad de defensa de los particulares. Un régimen democrático sólo debe usarla excepcionalmente.

Los defensores de la preponderancia por servicios citan aisladamente el párrafo segundo de la fracción III del artículo octavo transitorio de la reforma constitucional, y omiten que tanto en la iniciativa de reforma constitucional como en los dictámenes legislativos se dice expresamente que será por sectores, y que esa también ha sido la interpretación del IFT.

Una recta y evidente interpretación nos conduce a afirmar que se trata de dos figuras distintas, y que una aplica para todo un sector (preponderancia) y la otra para mercados específicos (poder sustancial).

Si se establece en la nueva ley que la preponderancia será por servicios y no por sector, daría al traste con las resoluciones que ha dictado el IFT en la materia, e inmediatamente después daría pie a la desarticulación por servicios (telefonía fija, servicios móviles, internet) de la regulación sectorial agregada (al conjunto de servicios) que en marzo pasado se impuso al preponderante en telecomunicaciones (Telmex/Telcel).

Nada menos. Quizá no haya tanta ignorancia o ingenuidad en quienes defienden tal postura.

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