Opinión

Río 2016: las marcas y el derecho a la información

 
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Con cada gran evento deportivo internacional, las torres de vigilancia para detectar usuarios ilegales de los derechos de propiedad intelectual involucrados se construyen cada vez más ostensibles, cada vez más altas y cada vez más tecnológicas. Los espacios para usuarios no autorizados se estrechan, construyendo en cada competición la dualidad de “los oficiales” y “los no oficiales”.

Para esta olimpiada de Río de Janeiro el Comité Olímpico Internacional ha publicado la batería de reglas más extenuante y detallada de la historia, llevando el empleo de simples expresiones periodísticas referenciales a la condición de acto criminal. Para aquellos medios de comunicación que no son “los oficiales”, por no haber pagado las cantidades astronómicas que por derechos de transmisión se exigen como boleto de entrada, hacer en sus noticieros más menciones de las permitidas o mostrar imágenes fotográficas por mas segundos de los autorizados, supone una violación de sus derechos.

De las directrices que mayor resistencia han encontrado es la llamada regla 40, que determina que ningún competidor, entrenador u otro personal del equipo que participe en los Juegos Olímpicos debe permitir que su persona, nombre, imagen o su actuación deportiva sea utilizada para propósitos publicitarios durante los juegos olímpicos. Lo anterior impide que una marca que no sea patrocinadora, pueda aparecer en mensajes de felicitación de atletas que puedan inclusive ser parte de su catálogo. Las redes sociales, por supuesto, son ahora materia especial de restricciones y vigilancia por parte del COI.

Con la misma orientación, reglas relacionadas al uso y registro de nombres de dominio relacionadas a palabras “olímpicas”, son “gobernadas” por el COI hasta el punto en el que se tildan de ilegales combinaciones que en términos de ley serían factibles. Sencillamente, palabras de uso cotidiano y trivial son expropiadas del lenguaje y reservadas en exclusiva como propiedad inmaculada del organismo.

La premisa es que, al amparo de derechos como los que proporcionan las marcas registradas (como RIO2016 en este caso), y de derechos de autor y de imagen, la propiedad sobre los juegos olímpicos se estira hasta el extremo en el que la labor informativa queda totalmente sitiada. Si la concesión que ejercen empresas televisoras y radiodifusoras les impone la obligación de informar, y el derecho a la información, entre otras variantes, implica que la ciudadanía reciba información puntual, completa y relevante sobre hechos noticiosos, podemos claramente identificar la contradicción que ambas posiciones alimentan. Así, la necesaria labor informativa adquiere la sutileza de una insinuación y la contingencia de los campos minados.

Cuando en el año 1981 los países unieron esfuerzos para firmar el tratado de Nairobi para la protección del símbolo olímpico, era inviable vaticinar los extremos de prohibición que se alcanzaría 35 años después, respecto de todo el aparato publicitario, promocional e informativo de los juegos olímpicos; el blindaje jurídico de toda clase de derechos alrededor de campeonatos del mundo y olimpiadas está logrando un especial estado de excepción, en el que las reglas y determinaciones de sus organismos rectores superan y suplantan a leyes y autoridades.

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