Opinión

Riesgos de implementación


  
Una condición necesaria para que cuaje la agenda reformista del Pacto por México es que haya gobiernos que gobiernen desde un Instituto Federal de Telecomunicaciones que cumpla plazos para los apagones analógicos y para licitar las nuevas cadenas de TV abierta hasta gobiernos estatales que sancionen a los maestros faltistas en el caso de la reforma educativa. Cualquier reforma estructural, por buena que sea en el papel, es letra muerta si no se acompaña de la voluntad y la capacidad de las autoridades para ejecutarla.
 
A menos de dos meses de haber sido promulgada, la reforma educativa ya corre el riesgo de fracasar. Aunque ya existía desde antes, la reforma reitera la sanción para los maestros faltistas: “el personal docente […] que incumpla con asistencia a sus labores por más de 3 días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta día naturales, sin causa justificada será separado del servicio”.
 
No obstante, los maestros de Oaxaca faltaron semanas y, en lugar de sancionarlos, el gobierno de esa entidad les pagó su salario sin haber trabajado y además les dio un bono de inicio de ciclo escolar. En Michoacán un grupo de maestros irrumpió en las oficinas de la Cruz Roja en el municipio de Lázaro Cárdenas, sustrajo las encuestas que serían utilizadas por el INEGI para el censo escolar de esa localidad y las quemó. Hasta ahora no hay sancionados por ninguna de estas acciones.
 
Parte de la explicación de que las autoridades no apliquen la ley y con ello pongan en riesgo la agenda reformista es falta de motivación —para qué usar la fuerza si eso me acarrea problemas y nadie lo reconoce— sino también de capacidad frente a una situación de ingobernabilidad en algunas regiones de México, notoriamente Michoacán.
 
Sucesos de los últimos días reflejan caos e ilegalidad en la entidad, sin que el Senado de la República —ocupado en la reforma hacendaria— y la clase política en general —algunos ocupados en diseñar una reforma electoral irrelevante y otros en bloquear la reforma energética— hagan algo al respecto. Primero regresó Fausto Vallejo a ocupar la gubernatura, quien ha sido omiso en presentar un reporte médico y el congreso local en obligarlo a ello.
 
Luego el fin de semana hubo ataques con explosivos contra subestaciones de la CFE que afectaron el suministro de luz a 420 mil usuarios.
 
Mientras el Pacto por México diseña reformas de papel en la ciudad de México, en el campo de batalla —Oaxaca, Guerrero, Michoacán— se ahondan problemas de gobernabilidad que no se atienden y que ponen en riesgo la ejecución de las reformas diseñadas a cientos de kilómetros de distancia.
 
¿Qué pasará si los actos de sabotaje a las instalaciones de la CFE se realizan ahora en contra del sistema de ductos, plataformas o centrales petroquímicas de Pemex? ¿Qué reacción habría de potenciales inversionistas del sector petrolero si estos ataques empezaran a ocurrir con frecuencia en los próximos meses? El gran riesgo de la reforma energética no son las movilizaciones de López Obrador, sino que grupos del crimen organizado perciban que a través de acciones de sabotaje pueden conseguir otros fines para mantener y acrecentar su negocio.
 
Un problema de la agenda reformista del Pacto por México es la falta de atención a la implementación. Hay tantos temas que aprobar en el Congreso que no se pone atención política a la ejecución de la recién aprobada reforma educativa, por ejemplo. Al abrir tantos frentes de debate, nadie exige que los gobernadores apliquen la ley y nadie los sanciona por su omisión. La inversión de capital político que requiere la reforma educativa es enorme y no admite que los gobiernos y los legisladores estén dispersos en tantos temas a la vez.
 
El mayor enemigo de la agenda reformista del Pacto por México es que la prisa de sacar todo en un plazo perentorio deja a la deriva la implementación de las reformas aprobadas, notoriamente la educativa. Imaginemos que ésta naufrague en pocos años. Sería un golpe tremendo para el futuro de los niños, así como el símbolo de la rendición y fracaso del Estado mexicano frente al sabotaje de una reforma fundamental para el crecimiento de México. ¿Qué otra reforma de fondo se podría hacer si esa languidece? O bien, imaginemos que la reforma energética se aprueba en el Congreso pero con el paso del tiempo no detona la inversión esperada por el temor del problema de la inseguridad.
 
No debemos olvidar un razonamiento de sentido común: sin leyes que se cumplan y que se hagan cumplir y sin un país con seguridad pública, ninguna reforma —por innovadora y buena que sea— tendrá un impacto real sobre la economía y el bienestar de los mexicanos.
 
Twitter: @LCUgalde