Opinión

Revive discusión sobre uso de imagen en redes sociales

 
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Arne Aus den Ruthen Haag. (Cuartoscuro)

 El video “en vivo” que recientemente transmitió Arne aus den Ruthen, city manager de la delegación Miguel Hidalgo a través del sistema Periscope, ha reabierto una amplia polémica sobre la legalidad de grabar y transmitir sin autorización de los videofilmados, materiales audiovisuales a través de redes sociales y plataformas digitales. Como se recordará, “Presunto Culpable” fue el escenario de una serie de litigios que los participantes en el film sostuvieron para detener la difusión o lograr el borrado de su imagen, así como el pago de compensaciones económicas por el daño moral que argumentaban haber sufrido.

Las posturas en este tipo de conflictos proyectan la recurrente confrontación entre “derecho a la propia imagen” y “derecho a la información”, ambos bajo el tratamiento de derechos humanos. A favor del primer concepto, cada persona es poseedora de facultades para decidir si su imagen se utiliza o no en fotografías y videos, como una expresión básica de su derecho a la privacidad; la segunda, en cambio, reivindica el interés que como sociedad nos corresponde de transparentar la función pública. En este contexto, la denuncia que consiste en la propia realidad filmada y transmitida de los abusos que funcionarios públicos cometen en el ejercicio de sus cargos está siendo especialmente eficaz por sus alcances y repercusiones.

En el caso de ciudadanos comunes el asunto no parece admitir discusiones, en el sentido de que la legislación debe privilegiar la protección de la intimidad, restringiendo la intromisión que este tipo de tecnologías permiten. En el caso de asuntos “públicos” la situación da un giro, dados los efectos positivos que dicha práctica genera; de hecho, bien podemos concluir que los efectos disuasivos de este tipo de herramientas parecen ser más efectivos que las sanciones jurídicas que suelen quedar en el terreno de lo hipotético.

Lo que, desde luego, nuevamente queda en evidencia, es la enorme laguna legal que nuestro país sigue padeciendo en torno a la figura del “derecho de imagen”. Los limitados esfuerzos que se han realizado en el pasado para regularlo hoy se miran incompletos y desorientados. No solo resulta urgente legislar para definir las fronteras de estas nuevas formas de activismo ciudadano; el respeto a la intimidad frente a la videovigilancia, la grabación de llamadas y otras formas de tecnologías intrusivas es imperativo, así como la regulación de las llamadas expresiones comerciales del derecho a la propia imagen.

En esa misma línea de acción, el asunto del “derecho al olvido” como otro de los mecanismos de preservar la privacidad e imagen de las personas frente a los atropellos que los grandes consorcios de internet cometen en nombre de la libertad de expresión, demanda también atención y respuestas. En México, hemos ya tenido diversos casos en los que individuos en lo particular han demandado a Google la supresión de la indización de noticias que en han involucrado negativamente a una persona, y el escenario sobre el punto sigue siendo igualmente nebuloso.

En estos temas, podemos partir de lo que otros países han legislado ya, pero lo relevante es poner los temas sobre la mesa y “a la mexicana” establecer nuestros propios parámetros, y por una vez, ser líderes en un tema que no nos va a dejar de quitar el sueño hasta que no establezcamos con precisión los límites de lo posible.

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