Opinión

Retórica para salir del paso

Una forma de evadir la realidad frente a tragedias como Ayotzinapa es recurrir a la retórica de las ocurrencias: declaraciones para la contingencia, discursos para la reunión del partido, frases estridentes para la entrevista de radio, sin que la mayoría de las veces los dichos generen soluciones de fondo.

Blindaje de candidatos. Cada tres años los partidos proponen “blindar” las elecciones frente a la interferencia del crimen organizado y piden que el gobierno “certifique” a los candidatos en lugar de ellos asumir la responsabilidad de cuidar sus métodos de reclutamiento y sus procesos de nominación. Cada tres años se propone firmar un pacto contra el crimen organizado como si fuera una idea novedosa: se atraen reflectores, se llenan planas de periódicos y entrevistas en la radio, pero pronto vuelve el statu quo. ¿Suena familiar?

Si el PRD hubiera respetado los méritos partidarios de los precandidatos a alcalde de Iguala en 2012, hubiera optado por otros aspirantes con militancia y experiencia en lugar de seleccionar a José Luis Abarca, un novato en la política y desconocido en el partido. Asimismo, si las dirigencias estatal y nacional hubieran escuchado las advertencias de sus presuntos nexos con el crimen organizado, nunca hubiera sido candidato –no se requería del apoyo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ni de la CIA o el FBI para saber algo que la comunidad murmuraba.

Un legislador del PRD propuso crear una fiscalía dentro de la PGR para investigar a los candidatos a puestos de elección popular. Populismo burocrático: la creencia de que con presupuesto y nuevas estructuras de gobierno se evita que el crimen penetre a los partidos. Por cierto, es más racional y eficaz para un cártel cooptar a un gobernante ya en la silla que invertir en reclutar precandidatos que luego deban ganar los comicios. Así que aun con una fiscalía poderosa y omnisciente, el problema no se resolvería. Lo real y sensato en el corto plazo es que los partidos respeten las reglas de competencia interna y premien la militancia en lugar del oportunismo.

Vigilancia de gobernantes. El Consejo Nacional del PRD aprobó que el partido “inicie una evaluación de todos sus gobiernos, de manera urgente los municipales, en materia de seguridad y cuerpos policiacos”. No se precisó cómo se hará ni cuándo habrá resultados, pero el acuerdo es una de las medidas que el PRD adoptará para “dar un golpe de timón”, según expresó el nuevo presidente de ese partido.

¿Se puede “dar un golpe de timón” con medidas como esta? ¿Acaso no es responsabilidad de los congresos estatales y de los cabildos justamente vigilar que los gobernadores y los alcaldes cumplan sus funciones? Llama la atención que el PRD no haya exigido una investigación de las omisiones en que incurrió el cabildo de Iguala, directamente responsable de vigilar las funciones de Policía y de seguridad del ayuntamiento. Si se trata de aplicar golpes de timón, más útil sería exigir que el Congreso de Guerrero inicie una investigación de responsabilidad política de los regidores en funciones y, en su caso, solicite el inicio de procedimientos penales contra aquellos que hayan sido omisos.

Aguirre debe quedarse para cumplir su responsabilidad. Se dice que el gobernador debe dar la cara y resolver el problema que él contribuyó a generar; otros dicen que al haber sido electo de forma democrática, debe cumplir su mandato. Ciertamente los plazos de gobierno deben cumplirse salvo que la omisión o el clima de ingobernabilidad exijan la renuncia.

Otros argumentan que “desaparecer” poderes agravaría la situación sin solucionar el problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? ¿La desaparición de los estudiantes o la impunidad? Si se quiere sortear la crisis, efectivamente es mejor que Aguirre se quede y asuma su responsabilidad pasajera. Pero si se trata de poner fin al problema de la impunidad. –verdadera causa de ésta y otras tragedias humanas– se requiere que Aguirre se vaya, no porque sea el autor intelectual de la desaparición, sino porque diversos acontecimientos en los últimos años muestran que no ha cumplido su papel de propiciar la gobernabilidad del estado. Aun en el caso extremo de que no sea culpable de esto último, su presencia se ha convertido en motivo de polémica y eso sería suficiente para su retiro.

En esta maraña de ocurrencias y discursos, sobresale el sentido común del senador Alejandro Encinas del PRD, quien pidió la separación inmediata del cargo de Ángel Aguirre porque ya no es un interlocutor válido ni con los normalistas ni con otros sectores de la sociedad guerrerense. Propuso tomar “decisiones fuertes” y dejar de simular. Bienvenida también la petición del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores para desaparecer poderes en Guerrero. Es cierto que la petición es un escrito de tres cuartillas sin pruebas ni rigor jurídico, pero el hecho de debatir la demanda en el Congreso es un mecanismo institucional para romper la impunidad y propiciar una investigación a fondo.

La renuncia no resuelve el problema de la impunidad, pero es un primer paso. La pertinencia de la renuncia no debe evaluarse respecto a las consecuencias para la gobernabilidad del estado en el corto plazo, sino respecto a su papel para mandar una señal clara de que los gobernadores también son responsables de sus actos u omisiones.

Twitter: @LCUgalde