Opinión

Restituir la integridad de las licitaciones

La cancelación de la licitación de SEP para la adquisición de 240 mil laptops en julio de 2013; las irregularidades registradas en la licitación de Capufe para definir al nuevo proveedor del servicio de telepeaje IAVE en agosto de 2014; y la reciente revocación de la licitación del tren México-Querétaro por parte de la SCT, son tres claros indicios de que el sistema de adquisiciones y compras públicas del gobierno federal está altamente politizado y es vulnerable a la corrupción. La gravedad de este problema radica en el gobierno federal destina anualmente 800 mil millones de pesos a compras, un monto equivalente a 5.0 por ciento del PIB y cuyo destino suele ser inversión de dudosa productividad, bienes y servicios de dudosa calidad y el bolsillo de servidores públicos de dudosa integridad.

Casos como los anteriores –y carretadas de evidencia anecdótica de empresarios y funcionarios– indican que el principal problema de las licitaciones es la colusión entre licitantes y servidores públicos, donde los licitantes emiten ofertas ficticias o retiran su oferta para que se adjudique el contrato a un licitante previamente acordado. Todo esto al tiempo que las autoridades se hacen de la vista gorda o reciben un porcentaje del contrato. El resultado es un sistema de adquisiciones y compras públicas opaco e ineficiente, que fomenta el “capitalismo de cuates”, dificulta la competencia económica y profundiza la corrupción del gobierno y de la iniciativa privada.

Ante este escenario de corrupción e individualismo se requiere de un cambio sistémico profundo; un cambio que nos permita recuperar el sentido de colectividad y pertenencia, y revista de legitimidad funciones básicas del Estado como la aplicación de la ley de forma estricta, universal y sin excepciones. En este sentido, la debilidad del sistema de compras públicas es sintomático de una debilidad estructural de la democracia en México, la cual provoca que ni leyes nuevas ni las reformas a las existentes basten para garantizar la rendición de cuentas del gobierno y de la iniciativa privada.

¿Qué podemos hacer al respecto? Al menos dos cosas. Lo primero es cambiar el enfoque del problema. La inoperancia del sistema de compras públicas es sintomático de un problema estructural con la democracia en México, cimentado a través de los años y de la reproducción de conductas que al agregarse constituyen un Estado de derecho aparente. Al abordar el problema de esta manera nos daremos cuenta de que ninguna reforma o ley por sí misma garantizará la integridad del sistema, sobre todo mientras su implementación dependa de una élite complaciente con el statu quo.

Lo segundo que podemos hacer es reconocer que el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil somos corresponsables de la debilidad de la democracia en México. Mientras la colusión, el tráfico de influencias y los sobornos sigan siendo la llave para obtener un contrato, escalar en la administración pública y legitimar políticas públicas, seguiremos estancados con una democracia electoral caracterizada por la debilidad de sus instituciones y con un sistema de compras públicas caracterizado por la falta de competencia.

Twitter: @gustavoriveral