Opinión

Rescates perversos

 
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Veracruz. (Cuartoscuro)

¿Debe rescatar el gobierno federal a Veracruz de la bancarrota y aun de una crisis de gobernabilidad? Si lo hace premia la irresponsabilidad y hace que el resto del país pague la corrupción de sus gobiernos. Si no lo hace, puede gestarse ahí una crisis política y social de alcance regional.

¿Qué hacer?

El problema se reproduce en otras entidades, aunque en menor grado. El nuevo gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que “frente a la crisis financiera y de caja que vive Chihuahua, he llamado al gobierno federal a sentarse con corresponsabilidad a ayudar a nuestro estado, a rescatarlo financieramente”. El mes pasado, el secretario de Finanzas de Guerrero le solicitaba al gobierno federal 15 mil millones de pesos para rescatar financieramente aquella entidad.

Veracruz –entidad con una enorme riqueza natural, cultural, agrícola y turística– es quizá la entidad que mejor ejemplifica un estado fallido en México. A los problemas de la inseguridad, de la enorme crisis financiera y de la degradación de la clase política, se suma ahora una crisis del funcionamiento de las burocracias locales.

Hace algunas semanas el edil de Papantla dijo: “ya no tenemos para obra, para pagar a los policías, para seguridad o nóminas”. Más de 50 ediles del PAN, PRI y PRD han anunciado que es inminente su colapso financiero y piden la intervención del gobierno federal. Hoy cerca de 30 han suspendido completa o parcialmente sus funciones.

La crisis global de Veracruz –y que comparten en menor medida otras entidades– agudizarán un dilema que enfrenta el gobierno federal: si autoriza recursos extraordinarios y rescata a Veracruz u otras entidades para que cierren su año fiscal, enviaría el mensaje perverso de que hay un salvador de última instancia (riesgo moral). Si no lo hace, se corre el riesgo de que la crisis financiera se transforme en un conflicto político-social a nivel regional que eventualmente podría convertirse en problemas de gobernabilidad y de más inseguridad.

Para los gobernadores entrantes parece 'normal' recurrir a la Secretaría de Hacienda e incluso suponer que es corresponsable de la solución de los problemas locales. Es entendible. Enfrentan problemas que ellos no generaron pero que tienen que arreglar. El sistema tiene en su seno incentivos perversos: “Gasta hoy y que pague el siguiente. Roba hoy y nada te pasará”. El sistema ha funcionado así gracias a la liquidez de la economía y a la impunidad. La primera ya se acabó y por tanto ya no hay más comida en el refrigerador. Pero rellenar la despensa con cargo al resto del país puede empeorar las cosas porque significa externalizar los problemas internos de cada estado, eso es, “yo cometo un pecado y luego quiero que la penitencia la paguemos entre todos”. Pésima señal para aquellas entidades que se han administrado de manera honesta y profesional. Si esa es la regla del juego, mejor me porto mal y luego pido que me rescaten los demás.

El presidente Peña Nieto ha rehuido hasta ahora cualquier compromiso de rescate financiero. La semana pasada dijo en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago): daremos vías de apoyo en términos de nuestras atribuciones en el saneamiento financiero de las entidades federativas, “pero no podrá sustituirse en lo que hace a la tarea y responsabilidad propia que tiene el gobierno de cada estado”.

La manera para solucionar la epidemia de corrupción e impunidad que recorre buena parte de los gobiernos estatales consiste en romper el círculo perverso de la impunidad sin provocar un problema de gobernabilidad. Quizá el gobierno federal podría apoyar (no rescatar) a aquellas entidades que procedan penalmente contra quienes hayan causado los desfalcos económicos. No pueden curarse las causas de la bancarrota sin castigar a los responsables porque significaría perpetuar la impunidad. Quizá la condicionante que podría usarse para apoyar a algunos gobiernos son las reformas locales para evitar su repetición (por ejemplo, la armonización contable o la implementación ejemplar del sistema estatal anticorrupción). También iniciar procedimientos administrativos y penales contra los culpables del abuso financiero.

En este tema no sólo son responsables quienes hayan cometido peculado o uso indebido de funciones sino quienes por omisión lo permitieron. Cuando Javier Duarte desviaba recursos públicos para comprar una mansión en Miami, cometía peculado, pero el Congreso local lo facilitaba por su omisión en sancionar tal comportamiento. Que los diputados veracruzanos no hayan revisado correctamente las cuentas públicas o que no hayan exigido investigar las denuncias de hechos que hizo la Auditoría Superior de la Federación por años, los hace corresponsables de la enorme corrupción del exgobernador.

Para desmontar las causas políticas de la bancarrota financiera que viven muchas entidades es necesario castigar también a los corruptos por omisión. Aquellos que han sido cómplices o que por sumisión, ineptitud o simple flojera no hicieron su trabajo para controlar el abuso del poder, lo cual incluye a legisladores, regidores, auditores, contralores, entre muchos otros.

Twitter: @LCUgalde

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