Opinión

Rescate financiero de estados y municipios

10 febrero 2014 5:10 Última actualización 22 julio 2013 6:8

 
 
Humberto Suárez *
 
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, prácticamente por unanimidad, la reforma constitucional que viene a poner orden, reglas, límites y condiciones a las cada vez más precarias finanzas de estados y municipios de México, cuyo nivel de endeudamiento no sólo creció en los últimos años, sino que en algunos casos parece que los recursos no se aplicaron en beneficio de los ciudadanos, o incluso se dieron casos de corrupción que hoy se están ventilando, ya sea en los medios o en los tribunales del país.
 

Este producto legislativo es el resultado de meses de negociación, que incluso plantearon diferendos entre la Cámara de Senadores y la de Diputados, sobre las competencias constitucionales en la materia, pero en el fondo ambas colegisladoras, con el mismo objetivo de atender y regular una materia que si bien no pesa de manera significativa en el PIB nacional, sí provoca la percepción de un riesgo sistémico de la economía, como ocurrió en Brasil o Argentina en el pasado, y eso no ayuda en nada a la buscada reactivación de la economía nacional.
 
 
Se viene mencionando que el total de las deudas de estados y municipios se integrarán a un fideicomiso, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que esto producirá el beneficio de mejores condiciones en plazo y tasa para los deudores, al mismo tiempo que más control sobre la contratación de nuevas deudas por parte de los entes subnacionales, siendo requisito el establecimiento de un Registro Nacional del Crédito Público controlado por la SHCP, las futuras contrataciones deberán de contar con mayoría calificada en los Congresos locales y se establece la prohibición expresa para la contratación en el caso de los últimos tres meses al cierre de las administraciones, obligaciones de licitar los créditos y seguramente los servicios financieros accesorios, y otras obligaciones en abono de la transparencia.
 
 
Sin duda este es un paso muy importante que ayudará a los estados y municipios de México, pero es sólo el primero de muchos pasos que se deben dar para corregir de manera estructural las finanzas públicas mexicanas, empezando por el fortalecimiento de los ingresos fiscales que nos preparen como país ante la inminente reducción de los ingresos petroleros, donde cada orden de gobierno ejerza de manera responsable, y sobre todo productiva, sus potestades tributarias, donde el gasto público deje de ser inercial y se focalice a los resultados, llevando a la sociedad más y mejores servicios públicos y el gasto de inversión sea el detonante de una actividad económica que se traduzca en mejores condiciones para los mexicanos.
 
 
Los retos que siguen son formidables, tales como mejorar la calidad de la educación y la salud; combatir la pobreza; las distorsiones de la descentralización educativa y de los servicios de salud y seguridad; encontrar sistemas de pensiones viables en estados, municipios y universidades públicas. Ya no hay tiempo ni recursos para afrontarlos, lo que la sociedad reclama son resultados y mejor gobierno.
 
 

* El autor es especialista en finanzas locales y fue secretario de Finanzas de Michoacán.