Opinión

Réplica a César Cámacho

 
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César Camacho Quiroz, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. (Cuartoscuro)

El 25 de abril pasado, el Coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, publicó un texto en el que expone tres argumentos por los cuales considera que la iniciativa de reformas conocida como 'mando mixto' no es viable. Por la relevancia del tema me parece pertinente comentar los tres argumentos expuestos por el diputado Camacho. Adelanto que, si bien coincido en algunos aspectos, mi postura es la contraria en lo medular. La iniciativa de mando mixto que fue aprobada por los senadores tiene severas deficiencias. Sin embargo, no es inviable; es perfectible, y es primordial que se enmiende y se apruebe a la brevedad.

El primer argumento del diputado Camacho es que el sistema previsto en la iniciativa de mando mixto propiciaría inestabilidad en la función policial. Es decir, que los gobiernos municipales perderían y recuperarían facultades en un constante vaivén de recursos materiales y financieros, lo que iría en detrimento de la planeación a largo plazo que resulta indispensable para construir cuerpos policiales profesionales.

En realidad, la iniciativa de mando mixto, al ser una propuesta de reforma constitucional, es sólo un marco general, que busca hacer posible un nuevo modelo (más flexible) de distribución de facultades en materia de seguridad pública. Posteriormente se habrá de elaborar una Ley General, en la cual se detallarán criterios y tiempos para la implementación de este nuevo modelo. Es en la definición de estos tiempos y criterios donde se debe tomar en cuenta el riesgo que señala el diputado Camacho. Al respecto, no habría ningún impedimento para plantear un esquema que privilegie la estabilidad, de forma que sólo los municipios donde se logren de forma consistente por varios años resultados satisfactorios sean aquellos que conserven, o bien puedan recuperar, facultades en materia de seguridad pública.

El segundo argumento de César Camacho es que la iniciativa de mando mixto propiciaría que las autoridades se desentiendan de la seguridad pública (pues tendrían la opción de delegarla al orden superior de gobierno). No creo que sea el caso y, ahí dónde sí lo fuera, no estaría tan mal. Por regla general, los alcaldes han sido los primeros en oponerse a la instauración de modelos de policía única y de mando único. Cuando se han presentado iniciativas en el Congreso que suponen quitar facultades de forma indiscriminada a los municipios, los alcaldes han levantado la voz para oponerse, o para manifestar que se deben buscar mecanismos de 'coordinación' más no de 'subordinación' entre órdenes de gobierno. En la mayoría de los municipios los alcaldes no quieren renunciar a ejercer facultades en materia de seguridad pública por la simple razón de que ello implicaría perder una parte significativa de su presupuesto y de su poder real.

En algunos otros casos los presidentes municipales tendrían toda la razón en querer desentenderse de la seguridad pública. Un alcalde en un municipio rural en la Tierra Caliente de Guerrero o en el Triángulo Dorado (la zona montañosa entre Chihuahua, Durango y Sinaloa) sencillamente no tiene los recursos necesarios para hacer frente a las células criminales que operan en su territorio. La docena o veintena de elementos policiales que integran la fuerza pública del municipio típicamente ya están en la nómina de los criminales cuando el alcalde toma protesta. En estos casos no debería haber ambigüedad alguna: el mando y los recursos se deben transferir al gobierno estatal.

El tercer argumento del diputado Camacho es que la iniciativa prevé una “sobrecarga política y de gestión que podría recaer en la Federación”. Coincido plenamente. La iniciativa, tal como fue aprobada por el Senado, supone que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) practicará “evaluaciones y auditorías”; que emitirá “recomendaciones para la corrección o mejora de capacidades y procesos”; y –sólo en el caso de “incumplimiento reiterado” de dichas recomendaciones– determinará alguna forma de intervención a la corporación policial. Claramente, es un sistema pensado para que las intervenciones se concreten sólo de forma excepcional, cuando lo que se requiere es un sistema que permita identificar de forma sencilla el gran universo de municipios (tal vez un 20 o un 30 por ciento de los dos mil 440 que hay en el país) donde actualmente no existen condiciones para ejercer funciones de seguridad pública.

Es en este punto donde es necesario que la Cámara de Diputados introduzca cambios de fondo a la iniciativa remitida por el Senado. El enfoque debe ser radicalmente distinto al que propusieron los senadores (que es, en esencia, el mismo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha seguido por años sin éxito): imponer a las autoridades un amplio catálogo de obligaciones en materia de profesionalización policial, y luego intentar evaluar el cumplimiento de las dichas obligaciones. Esta aproximación ha servido primordialmente para multiplicar los procesos burocráticos y para alentar la simulación, pero no para hacer que los alcaldes asuman el compromiso de combatir la delincuencia.

Una aproximación distinta sería simplemente dejar del lado evaluaciones y auditorías, y retirar sin más las facultades y los recursos en materia de seguridad pública a aquellos municipios, o incluso estados, donde la incidencia de homicidios y otros delitos de alto impacto rebasara un umbral determinado (y no devolver dichas facultades hasta que la incidencia se ubicara por debajo del umbral por varios años consecutivos). Por supuesto, de forma paralela sería necesario contar con una medición más confiable de la incidencia delictiva (tomando en consideración la cifra negra y los demás factores que actualmente generan sesgos en las cifras que publica el SESNSP). Este cambio en la iniciativa de mando mixto abriría la puerta a un modelo funcional, que propiciara que en todo el país alguna autoridad (ya sea municipal, estatal o federal) se hiciera responsable de lo importante: garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Twitter: @laloguerrero

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