Opinión

Reorganización gubernamental contra la impunidad

Corrupción e impunidad, concluye Nuño; dos vicios de nuestra época contra los que autoridades y sociedad, codo con codo, tendrán que trabajar hasta erradicarlos. No es nada nuevo; se trata, sin embargo, de la cúspide de un problema social que ha escalado alturas y generado complejidades que para el colectivo y la supervivencia del Estado, se han vuelto insoportables.

En el decálogo presidencial se adelantó la conveniencia de aceptar una propuesta panista en pro de un sistema nacional anticorrupción. El coordinador Beltrones ya anuncia el humo blanco que escapa de las chimeneas del cerrado cuarto de guerra en el que se analizan las iniciativas y se redactan los textos. Entre las propuestas aparece la reubicación de la función administrativa inherente a la imposición de sanciones contra servidores públicos, que pasa de la Secretaría de la Función Pública a lo que hasta hoy es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Resolverá este acomodo la grave problemática en materia de corrupción que tiene al país sumido en la incertidumbre?

La corrupción es una conducta viciada de nuestra sociedad que se debe mirar desde distintas ópticas; un monstruo con muchas cabezas y distintas facetas. Corrupción en la contratación pública, corrupción en el ejercicio de la función pública, corrupción en la administración de recursos en el ámbito partidista y electoral, corrupción en el espacio sindical, por mencionar algunas que son perfectamente atribuibles al sector público.

Sin embargo, en el sector privado no se puede soslayar la corrupción cotidiana que arroja el incumplimiento ordinario de obligaciones asumidas, la corrupción por evasión de impuestos, el mal pago de salarios absolutamente insuficientes a los trabajadores, la inobservancia consuetudinaria de las normas elementales de convivencia en el ámbito del transporte público y de tránsito vehicular, por mencionar algunas.

La corrupción no se puede erradicar con una reforma. Se trata de un complejo fenómeno social, que no puede identificarse como un problema idiosincrático ni cultural, pero sí como una ausencia de educación en pro de la honorabilidad y de la legalidad cuyos orígenes se remontan muchos años atrás. El problema de la impunidad y la corrupción nos atañe a todos, y costará muchos años superarlo.

Se propone que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa imponga sanciones en contra de servidores públicos corruptos. No es mala idea, pues se trata de un órgano que, de suyo, ya viene conociendo de las impugnaciones que se hacen valer en contra de la Secretaría de la Función Pública por el mismo concepto. Quién mejor que los magistrados del tribunal para valorar las pruebas obtenidas e interpretar la ley para definir, de una vez, cuál es la sanción imponible al servidor público infractor. Sin embargo, ¿no acaso se delegan en una misma persona atribuciones materialmente administrativas y materialmente jurisdiccionales a la vez? Una aberración desde un punto de vista republicano. Ya nos pronunciaremos al respecto.

La reorganización de la labor sancionadora del Estado no es novedosa; en 1982 el presidente De la Madrid creó la Secretaría de la Contraloría General de la República, primer antecedente de la actual Secretaría de la Función Pública, encargada de hacer frente a la que, en el México contemporáneo, pudo haber sido la primera crisis en el ámbito de la corrupción surgida de excesos acontecidos durante un devastador sexenio del presidente López Portillo.

La labor de la Secretaría de la Contraloría General, después de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Secretaría de la Función Pública, no es en absoluto despreciable y no puede decirse tampoco ineficiente. En el informe de labores correspondiente al último ejercicio, aparece una estadística reveladora: entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de julio de 2014, se registraron 14 mil 905 sanciones administrativas, impuestas a 12 mil 651 servidores públicos de la Administración Pública Federal, por haber incurrido en faltas administrativas en el ejercicio de su responsabilidad (dos mil 604 inhabilitaciones; tres mil 299 suspensiones; 346 destituciones y ocho mil 004 amonestaciones. Además, 642 sanciones económicas por un monto total de mil 591 millones de pesos).

La reorganización del Estado es importante, pues avanza en el camino de la solución de un problema que se ha identificado con pulcritud desde hace una treintena de años; sin embargo, acabará por ser insuficiente. Es preciso que avancemos simultáneamente en el otro punto de la agenda que ya precisó en su decálogo el presidente Peña Nieto y sobre el que no se dice suficiente: la justicia cotidiana. Acabar con la corrupción y la impunidad, implica la necesidad de impulsar con vigor una política administrativa de tolerancia cero, un programa de absoluto apego a la legalidad en todos los órdenes.

El rumbo de la gobernabilidad democrática que a todos nos interesa, se logrará mediante la implantación de modelos educativos que converjan en la importancia de la legalidad y el Estado de derecho como sistema único de vida; en el entendimiento de la gran labor que deben realizar los jueces y que, hasta hoy, siempre ha dejado que desear. La adaptación de nuestro sistema de justicia comienza en el quehacer cotidiano de todos los mexicanos, y esa convicción nacional, no puede encomendársele al presidente de la República ni a todo un grupo de servidores públicos que lo acompañan, por muy amplia que sea su capacidad y muy buenas sus intenciones.