Opinión

Reminiscencias porfiristas sobre el legislativo

Se dice y seguramente así fue, que Porfirio Díaz era enemigo acérrimo de que diputados y senadores estuvieran reunidos en sesiones durante periodos prolongados. Quería que permanecieran lo menos posible en la capital. Los prefería fuera y si lejos, mejor. No los toleraba. Desde su peculiar concepción, los consideraba algo así como una especie de mal necesario. No se tome como una exageración afirmar que si de él hubiera dependido, mejor que ni existieran.

¿A qué obedecía esa actitud? De acuerdo a lo que conocemos de esa etapa histórica del país, es decir, el Porfiriato, y particularmente de su principal protagonista, don Porfirio mismo, se consideraba a los legisladores como gente intrigante, causante sólo de problemas e inútil para los requerimientos de una sana administración pública y el buen gobierno.

A pesar de que en su tiempo la casi totalidad de los integrantes de las Cámaras del Congreso le debían el cargo al viejo dictador, y naturalmente también sus continuas reelecciones, toda vez que sin el menor recato él personalmente los designaba a su gusto y conveniencia, sin embargo no los soportaba.

Durante el Porfiriato, los diputados y senadores fueron pues mal vistos por el Ejecutivo. Éste lo consideraba más una fuente de problemas que como elementos necesarios para la solución de las arduas cuestiones nacionales, como entonces se solía decir.

A nadie debe sorprender si como resultado de un estudio a fondo del tema se llega a la conclusión de que la pésima imagen y el peor prestigio que ante la opinión pública tienen hoy diputados y senadores, se incubó precisamente en aquella época.

Si bien se ve, aunque por ahora no hay espacio para abundar al respecto, un dato sobre el punto lo dice todo: el especial cuidado que personalmente tuvo Venustiano Carranza, así como sus panegiristas, de ocultar –con tal éxito que casi nadie lo sabe- que aquél fue durante largos años un cómodo y a la vez bien acomodado senador porfirista. En fin, escrito lo anterior, vayamos al grano.

Anteayer 30 de abril concluyó el más reciente periodo de sesiones ordinarias del Congreso, iniciado el pasado primero de febrero. Impunemente se puede decir que los legisladores “otra vez están de vacaciones”, si se desea continuar en la línea de que todo lo relativo a los diputados y senadores sea mal visto por la opinión pública.

Pero también es ya el momento de empezar a rectificar, aunque para el caso, como lamentablemente es cierto, poco se dejan “ayudar” los propios diputados y senadores, pues sencillamente no es posible continuar con esa lamentable tendencia histórica de agresión y desprestigio. Ahora menos, al quedar abierta la posibilidad de que los legisladores puedan ser reelectos para periodos consecutivos.

Quizá como nunca, en estos últimos tres meses, por la gran cantidad de leyes secundarias que era necesario expedir como consecuencia de las recientes y muy necesarias reformas constitucionales, ha quedado muy claro que la duración de los periodos legislativos es de plano insuficiente para todo lo que diputados y senadores deben conocer y procesar en el escaso tiempo disponible para hacerlo.

La Constitución de 1917 estableció un solo periodo anual con duración de cuatro meses. En el último cuarto de siglo el número de periodos aumentó a dos, que suman seis meses y medio. Ha llegado la hora de revisar este punto: no menos de diez meses al año se hacen necesarios. Como sucede en casi todos los países del mundo. A menos, claro, que continúe vigente la visión porfirista sobre el punto.