Opinión

Remesas como catalizador de inclusión financiera

 
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Dólar

Cuando se habla de remesas se piensa en el gran volumen de recursos que llegan a nuestro país, los cuales para 2017 podrían llegar a ser de 28 mil millones de dólares, una cifra récord que no se ha visto jamás en nuestro país. Sobre estos importantes recursos se discute mucho la manera hacerlos más productivos en términos de ahorro e inversión vis-à-vis el uso efectivo.

Esto significa canalizar las remesas al sistema financiero, que es una situación que se logra con la inclusión financiera de los migrantes y sus familias receptoras de remesas.

Cuando se discuten los modelos para lograr hacer más productivas las remesas, poco se habla de la focalización de este flujo de dinero, lo que permitiría ser más asertivos en ver qué instituciones financieras tienen más contacto con zonas migrantes y receptoras de remesas, enfocando las políticas de inclusión financiera hacia ese tipo de intermediarios.

Si bien, la migración de México a Estados Unidos ocurre en casi todo el territorio, la mitad de las remesas que fluyen a nuestro país se concentran en sólo ocho estados que son en orden descendiente: Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal y Guerrero.

Dos tercios de las remesas fluyen a once estados, por lo que a la lista anterior se añade Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas. La mayoría de estos estados están ubicados del centro hacia el sur y suroccidente del país que es también la parte de México que concentra la mayor pobreza y exclusión social, laboral, económica y financiera.

Más todavía, diversos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y la Cepal han mostrado que las remesas, a su vez, fluyen principalmente hacia municipios rurales con localidades menores a 10 mil habitantes y en dichas regiones es donde precisamente tiene mayor presencia y cobertura la banca social.

De acuerdo con el último Reporte Nacional de Inclusión Financiera, la banca social tiene puntos de acceso en el 80% de los municipios rurales con puntos de acceso (que son 8% del total de municipios rurales del país) contra un 13% de presencia de la banca múltiple y un mínimo 6% de la banca pública de desarrollo.

De acuerdo con un estudio de Christian Ambrosius de la Universidad de Freïe en Berlín de 2012, los receptores de remesas rurales de bajos ingresos tienen más propensión a abrir cuentas de ahorro y ahorrar, en comparación con los receptores de remesas urbanos de ingresos medios.

Esto último es muy relevante porque se suele pensar que la inclusión financiera masiva de familias receptoras de remesas sólo es posible a través de mecanismos instrumentados directamente por la banca pública o el gobierno, los cual si bien puede ser meritorio en su tipo, quizá no sea la opción más efectiva, no sólo porque los modelos de inclusión financiera masivos no son sostenibles debido a que no pueden adaptarse a las distintas condiciones socioculturales de las zonas rurales, sino también porque existe la banca social mexicana, que sí puede adaptar soluciones y productos a la medida de las condiciones de su población meta y es una solución de mercado mucho más competitiva por ser altamente innovadora en productos, en procesos, en conocer las necesidades financieras de las familias transnacionales que son, por cierto, muy específicas por su correlación con el ciclo de vida del migrante.

La banca social es generalmente desdeñada o bien, descalificada para poder avanzar rápidamente hacia la bancarización de las remesas, pero no es algo que deba echarse en saco roto, cuando la evidencia del flujo de remesas y de su presencia es visible.

Sin embargo, como en otras contribuciones anteriores, he insistido que la banca social no avanza a ese paso acelerado que debería, por la falta de políticas públicas para acelerar la inclusión financiera en zonas rurales desde este perfil institucional además de barreras regulatorias que le impiden acceder a sistemas de pago y sistemas como el SPEI, lo que permitiría hacer uso de tecnología disponible para bancarizar rápidamente a los migrantes y sus familias; además de reducirles el costo de los envíos, podría permitir acercar y adaptar productos financieros a la medida de los requerimientos del grupo de familias transnacionales, repatriando ese enorme volumen de remesas hacia instrumentos financieros que den posibilidades de conformar activos financieros robustos y con ello, frenar nueva migración.

Es mucho el potencial para la banca social, son más los beneficios que podría tener para México y las zonas expulsoras de migrantes frente a modelos de masificación a través del sector público, pero todavía hacen falta análisis y estudios que puedan mostrar las mejores alternativas y sobre todo, tomadores de decisión dispuestos a usar toda esta información y evidencia en favor de la inclusión financiera de los más pobres.

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