Opinión

Regulación y corrupción

 
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fábrica de chocolate

La excesiva regulación gubernamental de las actividades productivas en México limita el crecimiento económico y genera oportunidades para la corrupción.

En nuestro país existen un sinnúmero de leyes, reglamentos y normas cuyo denominador común es imponer condiciones y restricciones a la creación y operación de las empresas. En ese ejercicio intervienen las autoridades federales, estatales y municipales, lo cual resulta en una compleja telaraña de trámites y procesos de autorización y supervisión, entre otros.

La regulación en México se ha extendido tanto que se desconoce con precisión su magnitud.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria estima que existen aproximadamente 150 mil regulaciones vigentes y 130 mil trámites en el país. Sin embargo, carece de información exacta sobre el número de reguladores y sus requerimientos.

Las gestiones pueden ser complicadas y prolongadas. Por ejemplo, según la misma Cofemer, los permisos de construcción a nivel local toman, en promedio, 339 días. Por ello, es común que las empresas recurran a gestores especializados que, aparte de conocimientos detallados en la materia, tengan conexiones cercanas con las autoridades.

La misión fundamental del Estado incluye proveer a la sociedad de reglas e instituciones que protejan la vida y los derechos de propiedad de los individuos, que hagan cumplir los contratos, faciliten la resolución de controversias y corrijan las limitaciones insuperables de los mercados. Entre estas destacan las 'externalidades', definidas como actividades que afectan a otros sin que estos paguen o sean compensados por ellas, como la contaminación ambiental.

Si bien las economías no pueden operar adecuadamente sin este respaldo, la injerencia del gobierno más allá de las tareas básicas puede generar más costos que beneficios. Dos efectos adversos sobresalen.

El primero tiene que ver con la carga financiera y administrativa, así como la incertidumbre derivada de la regulación creciente, las cuales pueden inhibir la inversión, distorsionar las decisiones empresariales, reducir la competencia y desalentar la innovación. En el caso extremo, los empresarios pueden abandonar los proyectos o trasladarlos a otras jurisdicciones con ambientes más favorables para los negocios.

El segundo impacto se refiere a la multiplicación de circunstancias para la corrupción. La complejidad regulatoria comúnmente va de la mano de un mayor poder de las autoridades para otorgar permisos y licencias o imponer multas y sanciones arbitrariamente. Por ejemplo, a menudo la agilización de una aprobación o la defensa ante la amenaza de cierre de una construcción sólo pueden obtenerse mediante una remuneración indebida para los burócratas.

La evidencia empírica internacional revela que las economías y las industrias que padecen menos regulación registran tasas de expansión económica superiores a las de las afectadas por más requisitos.

De igual manera, los estudios confirman que la regulación tiene un efecto importante y causal sobre la corrupción. Se concluye que la eliminación de regulaciones, sobre todo las susceptibles a decisiones discrecionales de la autoridad, puede contribuir a abatir ese delito.

Esta última conclusión es apoyada por los resultados de las encuestas de opinión aplicadas por el Inegi tanto a los hogares como a los negocios en México. En particular, según la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental de Empresas, dada a conocer a principios de este mes, casi dos terceras partes de las unidades económicas señala que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites.

Los tipos más frecuentes de diligencias con corrupción ocurren con las policías, los ministerios públicos y los juzgados. Esta concentración del abuso del poder gubernamental resulta especialmente preocupante porque involucra a las autoridades encargadas más directamente de velar por la observancia de la ley.

Además, las empresas reportaron, en porcentajes decrecientes, que la corrupción también sucede para evitar multas y sanciones, obtener licencias o permisos, impedir la clausura de un establecimiento, pagar menos impuestos y obviar inspecciones.

Finalmente, más de 80 por ciento de los negocios considera que la corrupción gubernamental es frecuente. Nuestro país padece una grave corrupción sistémica. La solución a esta epidemia no estriba en nuevas leyes y aparatos burocráticos que, a la postre, podrían añadir complejidad e incluso estimular ilícitos. La desregulación de la actividad económica es un camino efectivo para combatir la corrupción.

* El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de 'Economía Mexicana para Desencantados' (FCE 2006)

Twitter: @mansanchezgz

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