Opinión

Reglas claras, inversiones duraderas

Qué son las leyes, sino la síntesis de una realidad social y el planteamiento formal de los anhelos de un pueblo, objetivos que sólo cuando las reglas se ven cumplidas pueden dejar de ser aspiraciones y convertirse en realidades. Qué extrañeza debería ocasionar que la modificación de algunas leyes produzca enconos sociales y la reacción inmediata de gremios o grupos sociales afectados, sindicatos, estudiantes, confederaciones patronales, medios o universidades, por mencionar algunos.

Era precisamente la agenda de las telecomunicaciones una de las que más trabajo costaría procesar, por el cúmulo de personas interesadas en la conservación de prerrogativas o ventajas que con el paso de los años se fueron consolidando.

Afortunadamente, la promulgación de la nueva ley y la vigencia de reglas claras que atiendan a las necesidades y demandas de nuestra sociedad hoy son una realidad; el eslabón del Pacto por México que dio su primer resultado con la aprobación de la magna reforma al artículo 6 de la Constitución federal logró un alumbramiento que producirá resultados beneficiosos para la gente en muchos rubros de interés, de entre los que destacan dos: acceso a la información y erradicación de la ignorancia, por un lado; y servicios de mejor calidad y mejores precios a través de un régimen de competencia efectiva, por el otro.

A pesar de que la discusión que durante dos madrugadas tuvo lugar en las dos cámaras que conforman el Congreso se cifró en temas de relevante complejidad, en los que se aludieron conceptos que son casi incomprensibles para la mayoría de la gente, como los de preponderancia, dominancia o poder sustancial en mercados relevantes, quedó claramente establecido que la nueva ley tendría como propósito principal la de permitir el emparejamiento de la cancha para permitir la concurrencia de más prestadores de servicios que pudieran ofrecer más servicios en los sectores de la telefonía y de la televisión de paga abierta.

Una crítica de la que ha sido objeto la televisión de nuestros últimos lustros tiene que ver con su contenido. Podría coincidir con ella en la gran mayoría de los casos, aunque tendría que reconocer que, aún existiendo un mejoramiento de la calidad de la programación, ésta no gozaría de éxito si los televidentes no encendieran sus aparatos, lo que no haría viable la continuidad del negocio y, con ello, la producción de contenidos de mejor calidad. De algún modo quien selecciona la calidad del contenido somos nosotros mismos. He ahí la importancia de mejorar la actividad de la radiodifusión.

Una conclusión nos debe quedar muy clara: sólo mediante la erradicación de la ignorancia y los fanatismos podremos convertirnos en una sociedad más civilizada, más productiva, menos desigual y, consecuentemente, más feliz.

La convergencia tecnológica a través de la nueva ley, acerca a todos los mexicanos un instrumento real, tangible, mediante el cual se logrará el acceso a más y mejores tecnologías de la información, que le ofrecerá a cada uno la posibilidad de conocer, apreciar y aprender aquello que en su fuero interno quiera, desee. La multiplicidad de plataformas de la información arrojará a cargo nuestro, sin embargo, la enorme responsabilidad de entender cómo es que deberemos administrar toda la información que hoy circula a través de la gran red mundial a la que ya millones de mexicanos se encuentran enganchados.

Eran precisas reglas claras, porque sólo a través de ellas sería viable la capitalización de un sector en el que ha prevalecido una gran concentración y en el que tienen que romperse inercias nocivas que nos han perjudicado a todos. La judicialización de las resoluciones que en uno u otro momento han tomado las autoridades competentes y la inadecuada dilación de procesos jurisdiccionales en los que se han elevado las formalidades hasta límites intolerables, no ha abonado al fortalecimiento de una política de mercado que favoreciera al consumidor, mucho menos una política de Estado que fortaleciera al gobierno.

Los efectos de la ley, la coincidencia palmaria de la voluntad mayoritaria de las fuerzas políticas que conforman el Congreso, la prudente intervención del Ejecutivo como conductor político de una compleja agenda de largo plazo y la decisión evidenciada por el flamante Instituto Federal de las Telecomunicaciones, ha logrado un primer éxito: la aceptación formal de las nuevas reglas del juego por parte del grupo empresarial más poderoso del país en la materia de la telefonía celular, que durante la misma noche en que se discutía la minuta en la Cámara de Diputados ya alistaba el inicio de un proceso para la desincorporación de activos que le permitan dejar de tener la calidad de preponderante y así obtener la concesión que le faculte para ingresar en el mercado del triple play: América Móvil.

Esta nueva coyuntura en la que la información circulará con abundancia, en la que un número mayor de competidores se involucrarán en actividades que cumplen una función social innegable y de altísima relevancia en la formación de nuestra idiosincrasia y en la consolidación de acciones comerciales e industriales sobre las que está cifrada la marcha del país, obligan al Estado a tener la posibilidad de reaccionar con contundencia, pero siempre con la mesura suficiente que garantice el ejercicio de prerrogativas fundamentales que tutela nuestra Constitución, como el derecho a la privacidad o a la libertad de expresión.

La nueva ley contiene dispositivos cuya lectura puede ser equívoca y que podrán dar lugar a procesos judiciales de discusión en torno de su contenido. Las normas aprobadas establecen cauces adecuados para que el gobierno federal retome el papel rector con el que debe contar, siempre con la participación de un nuevo órgano constitucional autónomo en el que se deposita la función soberana que atañe a la debida administración de nuestros recursos y regulación del sector. Un tema deberá quedar claro para todos a quienes corresponda la aplicación futura y nueva interpretación de la ley para beneficio de todos los individuos a quienes el ordenamiento se refiere: no existe norma alguna que prevea la nueva ley que pueda estar en contra o ir más allá de los derechos fundamentales y garantías que establece la Constitución. Ninguna acción arbitraria del Estado podría ser soslayada por un Poder Judicial que, a partir de ahora, con tribunales especializados, tendrá la honrosísima y trascendente tarea de mediar para lograr ese justo balance que la reforma constitucional del año pasado propuso y sobre la cual giraron todos los argumentos de debate a lo largo del proceso legislativo.

Recibimos así una ley completa y perfectamente funcional, un código de conductas que define el rol que a cada parte corresponde, preservando ante todo los derechos del individuo y las libertades de nuestra sociedad. Esperemos que, junto con el cúmulo de acciones de gobierno que se vienen emprendiendo, logremos sembrar el México que todos deseamos cosechar. Obviamente, años faltan, pero en algún momento se debía empezar.