Opinión

Reformismo en la corrupción

Manuel Villa

Una perniciosa ambivalencia se observa en la política nacional y sobre todo en la acción de gobierno en su sentido amplio –es decir, la conjunción de los tres Poderes. Por un lado, discurso y planes que ofrecen extender la autoridad y la vigencia del equilibrio de Poderes y su acción coordinada en los términos de los propósitos de cambio y, por otro, en la acción práctica, los actos que exhiben abuso, corrupción, frivolidad y desapego a una conducta apegada a la ley por parte de los miembros de los tres Poderes.

El resultado es que los temas del pecado político y el consecuente escándalo, opacan a los de la responsabilidad y los logros. Claro ejemplo lo da el hecho de que apenas si se prestó atención a la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917 -por cierto, fundamento ético del poder público-, en medio de las notas que denunciaron abusos y desmanes. En el viejo sistema, los abusos eran casi monopolio de los miembros del Ejecutivo; tal proclividad se ha “democratizado”, si así se pude decir, entre los tres Poderes y, lo más grave, se ha convertido en una suerte de motivo de exhibición pública, que le da al personaje una presencia mediática propicia a su promoción.
La variedad de los excesos va, desde el famoso “moche” -que se viene arrastrando como tema de la inmoralidad políticamente provechosa y casi festiva, desde hace meses-, hasta la multiplicación de asesores y el dispendio en la Cámara de Diputados (500 de éstos y 477 adjuntos), jueces que son denunciados por su sospechada vinculación con el lavado de dinero, fiestas en las instalaciones del Senado, muestra de un bizarro privilegio del jefe de la fracción panista, hasta la denuncia de los vínculos sospechados de una senadora del PRD con “Los Caballeros Templarios”, lo que se viene a sumar a su bien conocida historia de excesos.

Todos estos motivos de ofensa a los ciudadanos, de falta grave, por lo menos -al espíritu de la ley y a la responsabilidad, cuando no de ilícito-, por parte de quienes desempeñan cargos públicos, no nada más son graves, por el hecho de llevarse a cabo, sino por algo todavía más pernicioso: sólo hasta que una filtración, una indagación periodística, una venganza entre enemigos de clanes políticos, destapa el abuso, éste es conocido. Puede entonces suceder y, en innumerables casos seguramente ha sido así, que muchos de los excesos y hasta ilícitos, queden en la impunidad; habiéndose consumado sin que nada de ello haya llegado al conocimiento público. Seguramente ha sido así, de ahí el grado de desfachatez, cuando no de cinismo, que se observa en quienes han incurrido en estos y otros muchos casos de ofensa pública.
De modo que sólo el azar de una denuncia o una filtración, saca a la luz pública los despropósitos. Y aquí lo más doloso, en tal momento, con la mayor ligereza, simplemente sale el responsable a decir que lo lamenta, pide perdón y ofrece no incurrir más en la falta. Es todo el costo de haber sido descubierto. Como consecuencia, se ha generado en la ciudadanía una sensación de desesperanza. Se pueden proclamar leyes y medios de transparencia, de eficiencia, de rendición de cuentas y de poco servirán, cuando el castigo no llega. Una encuesta –no estadística pero sí indicativa- muestra lo siguiente: “Que la senadora Iris Mendoza haya pedido licencia a su cargo para que la PGR la investigue me parece: Muy bien, el que nada debe nada teme, 6 por ciento (2 mil 517 votos); Sienta un precedente para que los demás senadores hagan lo mismo, 11 ciento (4 mil 116 votos)”. Es decir, 17 ciento, visto como positivo. Visto por el lado de la desesperanza ciudadana: “Una estrategia que negoció para que no la denuncien penalmente, 39 ciento (14 mil 672 votos) Sólo está saliendo de la escena pública para calmar las cosas 44 ciento, (16 mil 751 votos)” (Prodigy-MSN) Es decir, 83 por ciento, es el grado de incredulidad en el castigo.

La democratización en México nunca se planteó una cuestión central, la función ética de la Política. No consideró que la función ética del Estado, que deriva de la Constitución, necesita de agentes prácticos de esta ética, esos no pueden ser, sino los congresistas y la judicatura, ellos acotan al Poder Ejecutivo. De no ser así, si la transgresión es parte de los medios de promoción del juez o del legislador, la democracia no puede consolidarse. Diga lo que diga el presidente Peña Nieto. No debe sorprender, entonces, que en los niveles bajos y medios, sobre todo los policiales, el realismo cínico sea la norma de la conducta de los funcionarios.