Opinión

Reformas para modernizar el mercado


Las recientes decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto a la predominancia en el mercado por parte de Televisa y América Móvil, son consecuencia directa de las modificaciones que se han realizado en la materia comenzando con la reforma constitucional.

Existen múltiples estudios sobre las distorsiones que se imponen al mercado en el caso de monopolios, oligopolios y predominancias, que sin duda alguna han afectado –en el caso de México- el correcto desarrollo del sector de las telecomunicaciones, que es piedra angular para el progreso en casi todas las áreas de la vida diaria. En el caso que nos ocupa, durante muchos años hubo un descarado y cínico control de parte de televisoras no sólo de contenidos –al gusto del gobierno en turno- sino incluso, de carreras de comunicadores, artistas y deportistas, a quienes bajo el vergonzante contrato de “exclusividad” coartaban su libertad de trabajo en una moderna esclavitud, lo que se ha traducido en una generación de “empleados” mediocres y sin visión de futuro. No es casualidad que los grandes talentos mexicanos que han triunfado en el extranjero y a nivel global, sean aquellos que en algún momento de su carrera decidieron romper con estas prácticas y demostrar que su talento, no depende de una televisora con un concepto muy particular sobre la calidad. En el caso de la telefónica, el mal servicio que da es por todos conocido.

La llegada de nuevos jugadores en el mercado sólo fue un respiro para que se analizaran los vicios propios y –en vez de solucionarlos- se decidieran a simularlos al darse cuenta de que seguían dominando en un mercado monopólico de facto. Sin embargo, parece ser que esta nueva decisión del IFETEL habrá de ser un parteaguas en la vida de este sector en nuestro país. Si bien es cierto, no se trata de una decisión sobre la calidad, costos ni accesibilidad del servicio, sí se trata de la primera vez en la historia moderna en que una institución de estado hace frente a estos grandes poderes fácticos para que –de una vez por todas- entiendan que existe un regulador y que el mercado y los consumidores, no somos de su propiedad.

La reforma constitucional en la materia, salvaguarda de manera inteligente esta decisión del IFETEL, al establecer de manera precisa que no es factible acudir a ninguna instancia legal para combatir sus decisiones, a excepción del juicio de amparo. Este tecnisismo no es menor, porque deja fuera la posibilidad a que tanto han recurrido en el pasado los grandes consorcios para llevar a cabo juicios interminables y procesos administrativos que duraban años por argucias legales de los abogados que les patrocinaban. La novedad es que esos procesos ya no existen para el caso de las telecomunicaciones y que, para el juicio de amparo –que no puede negarse a ningún ciudadano- no se les da la ventaja de la suspensión del acto reclamado, lo que hace que los quejosos tengan que llevar el juicio de garantías con la decisión del IFETEL totalmente vigente y aplicable, porque en esta materia ya no se suspenden los actos que se impugnan.

Pareciera que finalmente se ha comprendido por parte del gobierno y del congreso, que la constitución debe ser un cuerpo vivo, que responda a las necesidades puntuales del país en un momento determinado, rompiendo con el absurdo paradigma de que la constitución era intocable y debía permanecer intocada a perpetuidad para respetar las decisiones de los constituyentes originarios, que a su vez modificaron la constitución entonces vigente para adecuarla a la realidad. Salvo algunas decisiones políticas fundamentales, la constitución debe reflejar la realidad y la voluntad de un pueblo mediante sus representantes y es por ello, que contrario a lo que se dice, debe reformarse para actualizarse. Comenzaremos en breve a ver los beneficios de dicha postura.

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