Opinión

Reformas estructurales sin seguridad pública


 
La prisa y diligencia del Congreso para aprobar la reforma hacendaria esta misma semana y cumplir así los plazos legales de la Ley de Ingresos contrasta con la falta de claridad del Estado mexicano (sus gobiernos, sus poderes legislativos y judiciales, sus partidos) para ofrecer a su ciudadanos —a quienes quiere cobrar más impuestos— una guía clara de cómo garantizar la obligación primigenia de cualquier Estado moderno: tributos a cambio de seguridad.
 
Qué bueno que el nuevo gobierno haya abandonado el enfoque monotemático de su antecesor que sólo hablaba de acabar con los narcos: pero abandonar ese enfoque no significa renunciar a la obligación de solucionar el problema de la inseguridad pública y la violencia asociada al crimen organizado. Aunque las ejecuciones se han reducido desde mediados de 2012, esa reducción se ha acompañado de un incremento preocupante en delitos de mayor destrucción económica y social, como la extorsión y el secuestro. Según el Inegi, la extorsión ya es el segundo delito de mayor incidencia en el país —y en 16 entidades el primero—, mientras que el secuestro sigue en aumento y en 2012 se habrían cometido más de 105 mil, eso es, 100 veces más que los reportados.
 
Qué bueno que el gobierno federal y el Congreso estén dando la batalla para desplegar reformas benéficas para el futuro de México, pero no hay forma de que esa agenda reformista sea creíble y aceptable por la sociedad si de forma paralela no se resuelve la agenda de la seguridad pública. Ciertamente se puede argumentar que el crecimiento económico que puede derivar de la reforma energética, o bien, el cambio cultural y social que puede estimular la reforma educativa, serán dos motores para reconstruir el tejido social y prevenir el crimen. Pero el hecho es que tales motores, si encienden, tardarían décadas en surtir efecto y la gente espera resultados pronto.
 
Muchos inversionistas pueden hacer negocio en México a pesar de la inseguridad en muchas regiones del país. La inversión en el sector automotriz sigue creciendo, apenas la semana pasada se inauguró una nueva planta de Fiat en Coahuila, que se suma a las de Nissan y Audi en Aguascalientes y Puebla. Pero que los inversionistas sigan inyectado dinero al país debe acompañarse también de la confianza de sus habitantes en el futuro de la seguridad y el empleo. Según el mismo Inegi, la percepción de inseguridad de los mexicanos creció de 66.6 por ciento en 2012 a 72.3 por ciento este año, mientras que la mayoría de las encuestas muestran pesimismo sobre la marcha de la economía.
 
A pesar de que el Foro Económico Mundial dice que la inseguridad y la corrupción son el principal obstáculo para hacer negocios en México (una especie de impuesto especial para competir en territorio nacional), muchas inversiones vendrán a México si la reforma energética se aprueba. Podrán fluir miles y miles de millones de dólares y generar ganancias aún mayores, a pesar de que continúe la inseguridad y la descomposición social en algunas regiones del país.
 
Sin embargo, la obligación del Estado mexicano, primera antes que otras, es ofrecer seguridad física a sus habitantes antes que certeza jurídica a los inversionistas. Que haya reformas estructurales en energía, educación y telecomunicaciones sin que haya resultados en materia de seguridad solo puede agravar la falta de legitimidad de esas reformas.
 
Una razón de que las reformas estructurales de los años ochenta y noventa hayan sido denostadas políticamente por la izquierda se debe a la crisis económica de 1995, así como al perenne problema de la corrupción política que las acompañó, y que generó la percepción de que constituían sólo oportunismo del gobierno para hacer negocio y beneficiar a sus amigos (de ahí el término crony capitalismo “capitalismo de cuates” que se usa en muchos países que, como México, sufrieron crisis y corrupción después de la primera ronda de las llamadas reformas neoliberales).
 
Se comenta que en aras de aprobar la reforma energética, el gobierno está dispuesto a ceder en muchas cosas. Por ejemplo, a dar su aval a reformas de dudoso beneficio como aquella para crear un instituto nacional de elecciones; a posponer la lucha contra la corrupción que se habría detectado en algunas oficinas de la administración anterior; así como a “patear la pelota” frente al grave y creciente problema de la inseguridad.
 
No habrá reformas trascendentes, aunque atraigan miles de millones de dólares, si el Estado mexicano es incapaz de afrontar y contener el problema de la extorsión, el secuestro y la violencia del narco. Y no habrá percepción de una distribución justa de las ganancias de la reforma energética, si no se ataca el grave y creciente problema de la corrupción.
 
 
Twitter: @LCUgalde