Vicente Fernández Fernández
Durante por lo menos los últimos tres sexenios se ha dicho ya de manera dogmática, que el país necesita de grandes reformas estructurales para lograr despegar y entrar al primer mundo, el de los países desarrollados, con alta productividad, desarrollo humano y justicia social. Y también se dice hoy en día que finalmente las condiciones se están dando para que esto suceda.
Apenas se cumplieron --en junio-- cinco años ya de la tan comentada reforma penal, que, entre otras cosas, incorporó en la constitución el sistema penal acusatorio y los juicios orales.
En ese entonces, 2008, se dijo que los 8 años que se dieron para la implementación del nuevo modelo de justicia eran más que suficientes; hoy, solo quedan 3 años y se ven ya insuficientes para que realmente se pueda llevar a cabo en todo el país, en todos los niveles. Lo cierto es que 2008 lo podemos marcar como el inicio de las grandes reformas constitucionales.
Luego vendrían las reformas de 2011, en materia de amparo y derechos humanos, que han marcado un nuevo paradigma en nuestro país, puesto que el Estado mexicano debe, ahora sí, respetar y hacer efectivos los derechos humanos, con un sistema eficaz de defensa y protección, que ha implicado una revolución sobre todo en el poder judicial, tanto federal como de cada estado de la república.
Y a dos años de dicha reforma, apenas estamos tomando conciencia de la envergadura de la reforma y empezar a capacitar a todos los operadores del sistema, primero en entender qué son los derechos humanos y, segundo, cuáles y son y cómo funcionan los mecanismos de protección.
Ya tuvimos en 2012 una reforma laboral (legal, no constitucional) de la que se habló mucho en su momento pero que a prácticamente un año de haberse dado, no se ha visto una repercusión mayor. Y ya en este sexenio, el Pacto por México ha arrojado la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y la educativa, ambas aun esperando la legislación secundaria y su implementación.
Y se supone que vienen en camino la reforma energética y la hacendaria, dentro de las de mayor trascendencia, puesto que, incluso, tenemos también en lista de espera una reforma electoral.
No cabe duda que el hecho en sí mismo de estarse dando una serie de reformas tanto legales como constitucionales, denota ya un cambio en las bases sobre las que se sustenta gran parte de la actividad estatal y social, que debiera tener una repercusión de gran trascendencia. Sin embargo, modificar el sistema jurídico no garantiza nada. Siempre ha sido de esa manera.
Cuántas veces no hemos visto ya reformas que emanaron de la presión social y, a veces, de acuerdos políticos, pero que se han quedado en letra muerta. Pareciera que el pensamiento de la clase política ha sido en el sentido de que ante la presión social que busca consolidar algún derecho, qué más da ponerlo en la constitución, si al fin y al cabo no se cumple; si no existe la mínima intención de cumplir con el mandato de la ley.
Los grandes problemas del país no descansan en sus leyes. Realmente tenemos un sistema jurídico más o menos funcional; nuestro problema no es de leyes, sino de su aplicación; de la falta de una cultura de la legalidad. Tanto en el gobierno, en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, como en la sociedad.
Por eso el escepticismo ante las 'reformas estructurales' que supuestamente se están dando. Con todo y esa nueva estructura normativa, si no existe la voluntad política y un Pacto por México que pase de las reformas legales y constitucionales a hacerlas efectivas en los hechos, de nada nos valdrá decir que finalmente se modificó la constitución en los grandes temas económicos, sociales y de justicia.
Doctor en Derecho por la UNAM. Profesor e Investigador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Opinión