Roberto Escalante Semerena La reforma hacendaria presentada hace varias semanas por el ejecutivo y respaldada por la bancada del PRI, es la última, hasta ahora, de tres reformas que se han denominado estructurales. Al igual que las otras dos reformas (energética y educativa) no ha sido bien recibida por la sociedad en su conjunto. Sin embargo, a diferencia de las otras dos, muchos de los inconformes son parte del sector empresarial. Se aduce que la reforma hacendaria propuesta ahora sí es progresiva y que recaudará lo suficiente para robustecer al Estado y con ello le posibilite impulsar la actividad económica. Como sabemos, en el esquema fiscal actual, México es uno de los países con menor recaudación (como porcentaje del PIB) dentro de los países de la OCDE pues, en tanto el promedio en dicha organización es de 26 por ciento en México sólo alcanza el 13 por ciento. Sin embargo, aunado a las discusiones que ya han surgido (algo que resulta curioso pues la reforma educativa y al parecer la energética no despiertan tal tensión dentro de los partidos políticos), hay otras dudas que surgen con la lectura del reforma. Uno de los temas más polémicos de la reforma hacendaria es el ISR porque la reforma plantea que para las personas físicas que ganen más de 500 mil pesos anuales, este impuesto romperá la barrera del 30 por ciento pasando a 32 por ciento. Se eliminan prebendas como deducciones por consumo en restaurantes y automóviles empresariales, aunado a deducción inmediata de inversiones, los regímenes simplificado y de sociedades cooperativas. Lo anterior parece, a simple vista, muy progresivo ya que sólo el décimo decil de la población tiene ingresos de tal magnitud. Empero, también es el decil con mayor dispersión en ingresos monetarios, es decir, es el decil con mayores asimetrías del ingreso. De tal suerte, resulta ser que no es tan progresivo dicho impuesto pues, en términos absolutos esto mermará aun más a la clase media, ya que dentro de este décimo decil no es gradual el incremento del ISR. Otro de los impuestos que tampoco es progresivo, contrario a lo que se piensa, es el de las gasolinas. Los llamados gasolinazos seguirán incrementándose y si bien los primeros deciles no demandan de forma directa este combustible los precios de los alimentos están, justificadamente o no, relacionados con los incrementos en la gasolina. Consecuentemente, ante el alza de los precios en alimentos, los primeros deciles son más vulnerables. El ISR y los gasolinazos, por mencionar algunos ejemplos, ponen en tela de juicio la progresividad de la reforma, o al menos en la suspicacia. Aunado a los impuestos anteriores, se contraponen la abolición o reestructura de otros. Dentro del grupo de las aboliciones están, por ejemplo, el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) o el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) que, aunque ineficientes, habían contenido un poco la evasión fiscal. En el grupo de las reestructuras está el sistema fiscal de Pemex. Sin embargo, sobre la reestructuración fiscal de dicha empresa no se profundiza mucho en la reforma, aunque sí la intención es reducir la carga fiscal de la misma. Aquí también surgen nuevas preguntas. Si bien es plausible quitar presión fiscal a Pemex (con miras a la reinversión y no el enriquecimiento de cúpulas sindicales) ¿serán suficientes los ingresos programados con la reforma, al punto, que cubrirán el hueco que ha de dejar Pemex? La forma tan tensa en la cual se ha desenvuelto el debate de la reforma hacendaria sugiere que no porque, al parecer, las bancadas pugnarán para no dejar pasar algunos de los impuestos propuestos. Esto sin tomar en cuenta que las empresas ya han de estar contratado bufetes para idear nuevas formas de evasión “dentro de los marcos legales”.
Por último, suponiendo que la reforma pase completa, es decir, tal y como fue propuesta, las proyecciones hechas por sus panegiristas plantean un incremento de la recaudación, para el año 2017, de 3 puntos porcentuales adicionales al actual, es decir, una recaudación cercana al 17 por ciento lo cual aún parece insuficiente para robustecer al Estado. Y aunque insuficiente, habría que reconocer que de lograrse, sería un paso histórico en la fiscalidad mexicana. Habría que saludar también la estrategia hacendaria de la propuesta en el sentido de darle un uso a los nuevos recursos tributarios para empezar a saldar los pasivos sociales de México. Sin embargo, en México, tener más dinero en manos del Estado no es garantía de solución de problemas. La reforma debe de preocuparse si de darle al Estado más recursos pero, también, sería necesario tener una estrategia para cuidar la calidad del mismo.