Opinión

Reforma privatizadora

10 febrero 2014 4:10 Última actualización 17 octubre 2013 5:2

 
Rafael Aréstegui Ruiz

A las denuncias que en repetidas ocasiones hicieron los maestros que se han opuesto a la reforma constitucional en materia educativa, en el sentido de que lo que encierra dicha reforma es la pretensión de iniciar un proceso paulatino de privatización, una y otra vez ha sido desmentida por las autoridades educativas.
 
 
Sin embargo no hay que ir a Oaxaca, Guerrero o Michoacán para ver las primeras medidas que se están tomando por parte de la Secretaría de Educación Pública en lo relativo a dar a las escuelas autonomía de gestión. En planteles de Xochimilco y Tláhuac, los padres de familia están tomando acciones en contra de la reforma que supuestamente apunta en la perspectiva de brindar una mejora en la calidad educativa y asegurar la gratuidad de la educación.
 
 
A las escuelas se les ha informado que deberán enfrentar los gastos de servicio de luz y agua a partir de las aportaciones que den los padres de familia, el descontento ya se ha hecho presente y seguramente se va a generalizar.
 
 
Se viene por tierra el argumento de que era absurdo objetar la supuesta privatización si ya se hace evidente el descargar responsabilidades del Estado hacia los padres de familia; seguramente la credibilidad de la reforma en cuestión se irá perdiendo, así como la aceptación que en algún momento tuvo la iniciativa.
 

La gente se pregunta entonces cuál es el propósito de la reforma energética, si ya se está presentando un doble discurso, el que anuncia las ventajas de los cambios y la realidad privatizadora de las medidas que se desprenden al cobijo de las reformas ya aprobadas.
 
 
Existe un problema de fondo y es la poca solvencia moral del Estado.
 
La falta de resultados en materia de seguridad, el estancamiento de la economía, la corrupción que forma parte de la cultura política que se ha enraizado y una guerra sin posibilidad de triunfar porque es la demanda de un sector de poco más de treinta millones de adictos en el país vecino del norte la que genera la oferta de drogas en nuestro país, y como es un mercado que no se puede disputar por la calidad que se ofrezca en el producto o por sus bajos precios, el crimen organizado lo disputa con las armas que provienen de la misma nación donde se recibe la droga.
 
 
Pero el responsable de diseñar las políticas públicas es el Gobierno federal, la seguridad es una de ellas; si ésta falta es responsabilidad de los servidores públicos que se encuentra al mando de la política del ramo; de igual manera la autoridad federal es la responsable, la que también es y ha sido de la política educativa, y si ésta es de mala calidad, los responsables de la misma son los mandos que han estado al frente de la estrategia docente del país. No se puede de manera irresponsable decir que son las policías las responsables de la inseguridad, de la misma manera que no se puede señalar a los maestros de la mala calidad educativa.
 
 
Los responsables de ésta son los que han permitido que el sistema educativo muestre desigualdades en los servicios de la enseñanza tales como: el 44 por ciento de los docentes de preescolar dan clases en escuelas ubicadas en municipios de alta y muy alta marginación; en primaria, el 45 por ciento de los docentes imparten clases en municipios de alta y muy alta marginación; en secundaria, 34.5 por ciento de los docentes se encuentran en éstos municipios y en media superior, 25.5 por ciento.
 
 
La educación es el mejor medio para superar la pobreza, es claro que si a la pobreza no se le combate con enseñanza, se condena a los pobres a reproducir permanentemente su marginación y este problema es de los que conducen la política educativa, misma que hoy propician que los padres de familia asuman la responsabilidad de pagar el gasto corriente de las escuelas.
 
 
Ante este panorama ¿se puede hablar de un gobierno de calidad?