Opinión

Reforma política y gobiernos de coalición

Samuel Aguilar Solís

México está entrando en un verdadero cambio de su forma de gobierno, la reforma política modifica de manera orgánica nuestro sistema político, al reformar, adicionar y derogar 31 artículos de nuestra Constitución Política.

Si bien nuestro sistema político ha transformado su funcionamiento modificando sus componentes a través de múltiples reformas, haciendo a nuestro país uno de los que más ha modificado sus normas; la publicada el en Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero es de suma trascendencia al modificar la estructura y el equilibrio de poderes de nuestro régimen presidencial sin llegar a un régimen parlamentario y garantizando el equilibrio de poderes al establecer mecanismos que posibiliten el optar por un gobierno de coalición.

El fundamento de introducir los gobiernos de coalición es fortalecer al Estado mexicano, el cual, de 1997 a finales de 2012, llegó a presentar parálisis parlamentaria la cual fue reactivada gracias al Pacto por México.

Cabe mencionar que de 1997 a la fecha, ninguna fuerza política ha alcanzado una mayoría que le permita ejercer acciones de gobierno en forma independiente; la pluralidad, la alternancia y la competencia han llegado para quedarse.

Sin embargo, el principio de división de poderes (art. 49 y 116 constitucionales), no constituye un impedimento para que los distintos órganos ejerzan con mayor eficacia sus facultades; la estrecha colaboración entre el Poder Ejecutivo con el Legislativo resulta una condición indispensable para la gobernabilidad y el desarrollo y fortalece la capacidad para que las demandas de la sociedad sean satisfechas por parte del Estado, más allá de pactos.

De esta forma, la reforma recién aprobada permite la construcción de mayorías para alcanzar una gobernabilidad democrática, a través de la opción del Ejecutivo de optar por un gobierno de coalición, lo que además de ampliar márgenes de consenso y gobernabilidad, otorga elementos para mantener un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Aunado a lo anterior, coadyuva a contar con un gabinete más eficiente y profesional, ya que al optar por un gobierno de coalición, el gabinete deberá ser ratificado por el Congreso de la Unión.

El Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824 proclamó entonces que el ejercicio de gobierno debía dividirse en legislativo, ejecutivo y judicial, prohibiendo que se unieran en una sola corporación o persona, y así seguirá siendo.

Aunado a lo anterior, se reforman los artículos 69, 73, 74, 76 y 89 contemplando poderes políticos separados con responsabilidades compartidas, las cuales deben incentivar la negociación y la toma de decisiones por consenso. Sin duda México con esta reforma deja atrás el presidencialismo histórico y da entrada a un nuevo régimen político.

Cabe mencionar entre estas modificaciones la aprobación por parte del Senado de la República de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Cámara de Diputados
Tras lustros de división de poderes, hoy tienen un sistema de pesos y contrapesos en un contexto de resultados gubernamentales y de democracia, sin encontrarnos en una crisis del sistema o polarización política como en experiencias internacionales se ha presentado y se coadyuva a fortalecer la de democracia mexicana.

Hoy la coalición pasa de ser meramente electoral (Oaxaca, Sinaloa, Baja California y Puebla) a ser una coalición de proyecto asumiendo costos compartidos y pensando en elevar nuestra calidad democrática.

El reto es sin lugar a dudas lograr con las reformas secundarias, confianza y certidumbre en el entramado legal con el fin de fortalecer desde el sistema político la democracia que el artículo tercero Constitucional plantea como aspiración de los mexicanos.