Opinión

Reforma petrolera, ¿para qué?


 
Para "robarse las ganancias del petróleo", afirma López Obrador en un vídeo subido a Internet la semana pasada. Simplista y maniquea, su explicación de que la 'mafia' quiere hurtar la riqueza petrolera es clara y asequible para un segmento de la población. Dice que hoy 40% del presupuesto proviene del petróleo.
 
Cierto. Pero luego concluye que entonces quieren 'quedarse con el 60% restante'. La conclusión no se sigue de la premisa y nada tiene que ver una cosa con la otra. El argumento es tan caótico que ni siquiera hay forma de refutarlo.
 
Que López Obrador no comprenda datos básicos de las finanzas petroleras, sin embargo, no le quita eficacia a su mensaje: frente a la falta de una narrativa clara, convincente y atractiva sobre la necesidad de una reforma por parte del gobierno y de sus aliados en los partidos, el sector empresarial y académico, argumentos falaces y maniqueos cómo los de AMLO brillan por falta de contrapeso.
 
Entre los lectores de El Financiero es clara la necesidad de transformar al sector petrolero con más inversión, más tecnología, mejor administración de Pemex y menos corrupción. ¿Para qué?
 
Para estimular el crecimiento, la productividad, la renta petrolera y, eventualmente, que haya más recursos —públicos y privados— para el desarrollo. Pero fuera del círculo rojo, poco se comprende la necesidad de reformar Pemex. Más aún, las campañas de propaganda del gobierno en los últimos años la pintan siempre como una empresa de clase mundial.
 
 
¿Para qué cambiarla entonces?
 
Además de que la población se opone a la inversión privada en petróleo (la última encuesta telefónica del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados muestra que 54% la rechaza), la mayoría no cree el argumento de que el gobierno carece de recursos para invertir en exploración de nuevas reservas.
 
En el 2001 casi dos tercios de los mexicanos (62%) consideraban que el gobierno contaba con suficiente dinero para cumplir sus necesidades y sólo 30% estimaba que era insuficiente.
 
 
Por ello la mayoría de los mexicanos se opone también a cobrar IVA a las medicinas y los alimentos, y en el 2009, según GEA, tres quintas partes de ellos decían que no debía realizarse una reforma fiscal.
 
 
La única razón de peso para muchos mexicanos de una reforma petrolera sería que diera más recursos para mejorar sus condiciones de vida diaria. Que Pemex sea más productivo o que se detone la producción de shale gas es irrelevante para el ciudadano promedio; lo relevante es cómo una mayor renta petrolera puede transformarse no en promesas abstractas de un mejor futuro, sino en cosas concretas y tangibles: más seguridad, más empleo y mayores oportunidades educativas y de salud para sus hijos.
 
 
La narrativa de la reforma petrolera requiere explicar no sólo los medios, sino sobre todo los fines. Convencer de que un Pemex más productivo detonarían el crecimiento del empleo y reducirían el precio de la electricidad, por ejemplo. Claro que esos argumentos se han dicho en discursos oficiales y en seminarios como el de CIDAC la semana pasada; pero no han permeado en la opinión pública nacional porque nadie ha hecho el esfuerzo de una amplia pedagogía reformista.
 
 
Quizá la estrategia es no dar una batalla que esta pérdida de antemano. Quizá con la experiencia de la reforma fallida de 2008 y el éxito que tuvo López Obrador con sus tomas de tribuna, lo que se quiere es aprobarla sin dar la cara. Por eso el gobierno ha sido cauteloso en no 'calentar' el ambiente antes de tiempo. Pero ya otros lo están haciendo, tanto AMLO que ha convocado a la primera marcha el 8 de septiembre, como Ebrard y otros que ya se subieron al barco de la soberanía petrolera. A pesar de su éxito limitado, urge que el gobierno y sus aliados reformistas detonen una narrativa más pedagógica, más clara y contundente.
 
 
No hacerlo a tiempo significará mayores obstáculos políticos, pero sobre todo, la creciente posibilidad de que las falacias queden grabadas en la imaginación colectiva.
 
Durante la última década, parte de los exorbitantes excedentes petroleros han servido para financiar gasto corriente, engordar a la burocracia y enriquecer a algunos líderes sindicales y contratistas. Durante estos años, los gobiernos estatales han recibido cientos de miles de millones de pesos como resultado de los elevados precios del petróleo y ello ha contribuido al poder sin contrapeso de muchos gobernadores. Mucho de ese dinero solo sirvió para estimular la corrupción y el clientelismo.
 
 
Para quienes sí creemos en una reforma petrolera de fondo, queda la duda si los beneficios económicos y presupuestales serán de beneficio general o solo para alimentar más burocracias y más clientelas. ¿Qué garantiza que no se repita la historia?
 
 
Se necesita una narrativa, no solo para los incrédulos de la inversión privada, sino también para quienes creyendo en ella, tenemos dudas de la capacidad y transparencia del Estado mexicano para canalizar la renta petrolera en beneficio de todos.
 
 
Twitter: @LCUgalde