EF RADAR
Opinión

Reforma hacendaria, instrumento de la energética


 
Aunque contiene aspectos positivos, por ejemplo, la eliminación de privilegios y tratamientos especiales o la mayor progresividad del ISR, la reforma hacendaria no es estructural ni sienta las bases de un sistema fiscal más simple, equitativo y universal.
 
Debido al contexto político, la propuesta deseable para el gobierno se hizo inviable y entonces la reforma hacendaria se convirtió en un instrumento para allanar la aprobación de la energética. Ya no es una reforma estructural para estimular una economía productiva; es una reforma para financiar mayor gasto público y para moderar los obstáculos políticos a la reforma energética.
 
A cambio de una reforma hacendaria que atiende sus demandas políticas, el PRD votará en contra de la energética pero de forma civilizada e “institucional”: declaraciones incendiarias, acusaciones de traición a la patria, incluso toma de tribunas legislativas. Pero nada que convulsione las calles ni alimente el movimiento de López Obrador o de algunos grupos radicales. (Una semana antes ya se había iniciado esa táctica de contención con el SME al darle un plan de jubilación a mil 500 de sus ex trabajadores).
 
Es tanta la necesidad de la reforma energética —percibida como la verdadera reforma económica del sexenio— que el gobierno ha cedido mucho en aras de alcanzarla. Primero fue aprobar la agenda de la oposición, notoriamente la reforma de telecomunicaciones. Luego una reforma hacendaria que lastima a los aliados naturales de Peña Nieto pero que agrada al PRD; que establece parches para recaudar más, como los impuestos a los refrescos y la comida chatarra; que aumenta de forma artificial ingresos en el último minuto cambiando el precio del petróleo, el tipo de cambio y el deslizamiento del precio de la gasolina.
 
El gobierno y el PRI también han cedido a la presión del PAN de una reforma electoral antes que votar la energética. No sólo es un tema de secuencia, sino que el eje central de la demanda es una idea que no gusta a los gobernadores del PRI: crear un instituto nacional electoral y desaparecer los órganos de los estados. Asimismo, el gobierno ha sido muy cauteloso frente a la administración de Felipe Calderón: críticas muy moderadas a su estrategia en contra del crimen organizado; ninguna denuncia del uso selectivo y político de la justicia; ninguna investigación o señalamiento de corrupción.
 
Una vez que el gobierno ha dado gusto a la izquierda con la reforma hacendaria, ahora busca modificar su propuesta energética y correrse a la derecha, más cerca del PAN. En lugar de contratos de utilidad compartida para atraer inversión privada, adoptar esquemas de producción compartida (difícilmente las concesiones). Si el guiño del gobierno a la izquierda al envolver su propuesta con ropaje cardenista fracasó, ¿por qué no ir al fondo si de cualquier forma el costo político será el mismo, o quizá menor después de la reforma hacendaria?
 
Si la táctica funciona y se logra una reforma energética con mayor atractivo para la inversión privada, muchos aliados que se han sentido afectados le perdonarán al gobierno su reforma hacendaria. No habrá un sistema fiscal que estimule mejor gasto pero habrá mucha inversión privada; no habrá mayor rendición de cuentas de los ingresos y gastos de los gobiernos, pero habrá más recursos para gasto social. Quizá no reduzca la pobreza, como no lo ha hecho en los últimos 20 años, pero el gobierno apuesta que el mayor gasto público detonará el crecimiento y podrá ayudar al PRI en las elecciones de 2015.
 
Lo más probable es que haya una reforma energética más cercana a la propuesta del PAN; que sea votada en noviembre, después de la reforma electoral; y que México sea noticia en los mercados internacionales por varios días.
 
 
Sin embargo, hay tres riesgos. Primero: el problema de gobernabilidad. Por ejemplo, que grupos subversivos usen las instalaciones petroleras como sabotaje para extorsionar al gobierno. O que la CNTE y otros grupos radicales aprovechen la coyuntura para generar temor entre los potenciales inversionistas.
 
Segundo riesgo: que la reforma energética no tenga el impacto esperado sobre la inversión y el crecimiento. Se habría apostado demasiado en ella sin que diera los réditos planteados. No debemos olvidar las consecuencias de los presidentes apostadores, como José López Portillo, quien en 1978 dijo en referencia al sector petrolero: “nuestro problema es ahora administrar la abundancia”, pero esa abundancia fue maldita.
 
Pero el mayor riesgo de todos es pensar que una reforma energética por sí misma puede ser el catalizador para que México detone su crecimiento. Los países propulsan su crecimiento no sólo al atraer la inversión privada, sino cuando existe un sistema de derecho universal y confiable, el gobierno es capaz de aplicar la ley y la corrupción está bajo control. Y ese es el mayor reto del gobierno: no sólo aprobar la reforma energética sino fortalecer el estado de derecho. El problema es que bajo el espejismo petrolero, la agenda de la legalidad pasará a segundo plano hasta que despertemos del frenesí y nos demos cuenta que los torrentes de inversión no ayudaron a construir un país más moderno.
 
 
Twitter: @LCUgalde