Opinión

Reforma financiera aprobada: campesinos e indígenas excluidos

10 febrero 2014 4:15 Última actualización 17 septiembre 2013 5:10

 
Isabel Cruz Hernández
 
 
FIRA Y Financiera Rural son las dos bancas de desarrollo que financian al campo en México. Sólo que FIRA es 5 a 6 veces más grande en patrimonio y volumen de financiamiento y opera exclusivamente en el segundo piso, mientras la financiera opera en el primer y segundo pisos, y no tiene el estatus de Sociedad Nacional de Crédito. La “banca” (legalmente es un conjunto de fideicomisos) más importante es FIRA y un análisis de su funcionamiento nos permite concluir la imperiosa necesidad de una Reforma financiera rural a fondo que cambie el actual estado de desigualdad en el acceso al crédito. (Ver graficas y datos en http://subsidiosalcampo.org.mx/analiza/padrones/fira/)
 
 
FIRA clasifica a sus clientes en tres tipos de productores: PD1 (45%), PD2 (51%) y PD3 (4%), en teoría corresponde a pequeños, medianos y grandes. Los PD3 los grandes agricultores privados y sus agro-empresas concentran 60% del financiamiento; mientras que el inmenso grupo de los PD1 sólo 19% del mismo. Este dato es revelador de la amplia desigualdad y concentración del crédito, resultado de políticas que durante 60 años han favorecido a la banca privada y a los intermediarios financieros privados sofoles y sofomes (de las agroempresas nacionales y trasnacionales) como canales de distribución del crédito.
 
 
Las gráficas mostradas por FUNDAR  nos muestran cómo la mayor parte de presupuesto disponible por esta banca de desarrollo se concentra en los que más tienen. Un análisis más detallado de los PD1 muestra que no necesariamente  son la “base de la pirámide” como se podría pensar, sino el sector intermedio con capacidad de ofrecer garantías materiales. La clasificación de los PD1 corresponde a ingresos anuales de hasta 180 mil pesos; en contraste, la mayoría de pequeños productores tienen menos de 5 has e ingresos entre 20, 30 y 50 mil pesos anuales. Nos daremos cuenta que los campesinos e indígenas ni siquiera son parte de los PD1 atendidos por FIRA(!). Conclusión, los pobres rurales no son productivos ni prioritarios según las políticas públicas para el campo, son sujetos de transferencias, no de inversiones productivas.
 
 
La reciente Reforma financiera también es reveladora de cómo visualiza el gobierno a los campesinos. La gran palanca para detonar el crédito en esta amplia Reforma financiera es la facilidad para que los bancos hagan uso de las garantías de los deudores que no paguen y la flexibilidad de gestión a la banca de desarrollo. Esta reforma supone que los deudores tienen garantías embargables y con valor comercial. Pero el 80% de las 5.5 millones de unidades de producción del país tienen 5 has o menos de superficie, la mayoría no embargable (tenencia social de la tierra) y sus bajos ingresos y pobreza significa también que no tienen garantías reales (hipotecas, activos) que ofrecer. Por tanto, esa reforma financiera, no logrará detonar crédito productivo para una agricultura que produce todavía a pesar del diezmado desarrollo, 40% de los alimentos que se producen en el país y la mayor parte del empleo rural. La financiera rural según esta reforma “podrán otorgar créditos considerando integralmente sólo la viabilidad del crédito con lo adecuado y suficiente de las garantías” (Art.65 Ley de Instituciones de crédito y Art. 11 de la Ley Orgánica de la FR), a pesar de su mandato social. Ergo, los campesinos pobres sin garantías reales no tendrán acceso.
 
 
Una reforma financiera que impacte debería: eliminar las asimetrías funcionales entre Fira y Financiera Rural; crear un sistema de garantías rurales, fomentar la creación y consolidación de intermediarios financieros de los productores y alinear políticas públicas de fomento.