Opinión

Reforma energética: el primer paso


 
 
La iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente Peña sin duda constituye un paso fundamental para incrementar la competitividad y expansión del sector energético. Pero es eso: un primer paso. Más allá de las posiciones políticas y conceptuales –y del imprescindible debate legislativo y aun callejero– será necesario conocer los detalles de la reglamentación secundaria y de la organización institucional para instrumentar el espíritu y los principios propuestos en los cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución.
 
 
Destacan varios aspectos de la iniciativa. Se aprovechó la experiencia de la reforma en telecomunicaciones, en la que buena parte de los cambios se llevaron a rango constitucional, lo que podría ser contraproducente en el futuro, sobre todo en un sector en evolución casi permanente, y en la que la legislación reglamentaria está atorada. Ahora, en energía sólo se proponen cambios al texto constitucional para dejar los detalles en los ordenamientos secundarios. No obstante, no haber mandado el 'paquete' completo complicará las discusiones y su aprobación. Ojalá ello se corrija a la brevedad para darles certidumbre y elementos a los legisladores.
 
 
En principio, y de acuerdo con la Exposición de Motivos, la reforma del sector eléctrico parece de mayor profundidad que la de hidrocarburos, al proponer la creación de un mercado con verdadera competencia en generación; establecer un regulador (del despacho eléctrico) independiente y autónomo, que no dependa de la CFE, y abrir la posibilidad que esta empresa establezca contratos de distribución con terceros. En hidrocarburos, los alcances son menos evidentes, de ahí que surjan múltiples elementos por definir o conocer, y evaluar.
 
 
Primero, el papel, fuerza, capacidad técnica e independencia de los entes reguladores, que serán los que asignen los contratos para exploración y extracción de petróleo y gas (es notable la omisión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos) y los permisos para que operen particulares en las actividades de petroquímica y de procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos. Hasta ahora la experiencia no es buena en cuanto al nivel técnico, designación de sus miembros ('partidización'), etc. de diversos organismos autónomos y/o reguladores en nuestro país, con la excepción del Banco de México.
 
 
Segundo, las características específicas de los 'contratos de utilidad compartida' u otras modalidades contractuales; en particular, los mecanismos que se utilizarán para administrar y supervisar esos contratos con los operadores, sean sólo Pemex, sólo particulares o Pemex asociado con empresas privadas, lo que definirá realmente el destino de la renta petrolera.
 
 
Los denominados 'contratos incentivados' que se han instrumentado desde 2009 no son un buen antecedente para controlar los costos de los operadores ni para atraer inversiones privadas al sector.
 
 
Tercero, en el contexto de una mayor participación privada e incremento del número de participantes en el sector energético, lo que es deseable, se requiere establecer las condiciones para que Pemex y CFE sea competitivos. Si bien la reforma propuesta se orienta en esa dirección, ello no está exento de retos. La propuesta para modificar el régimen fiscal para la primera es insuficiente; ambas empresas requieren autonomía presupuestal, mejores condiciones y estabilidad de su proveeduría (presupuestos multianuales y convenios de largo plazo, como cualquier empresa) y redefinir el esquema de control que ejercen los órganos fiscalizadores en su gestión y operación, entre otros aspectos. De lo contrario, la competencia en condiciones desiguales propiciará condenarlas a la destrucción de su patrimonio y de sus activos.
 
 
Las implicaciones de la propuesta de reforma dan para mucho más; la lista de pendientes es larga. Sólo es el primero, pero trascendente, paso para potenciar al sector
 
 
Twitter: @ruizfunes