Opinión

Reforma energética:
adjetivos vs. argumentos

Adrián Gallardo*

Al igual que ocurrió durante la discusión de la reforma constitucional en materia energética, el proceso de aprobación de la legislación secundaria respectiva ha dado lugar a un intenso debate. De un lado están quienes afirman que la reforma energética significa “entrega del petróleo a los extranjeros, pérdida de soberanía y más corrupción”. En contraste, hay quienes sostienen que la reforma permite aprovechar nuestros recursos energéticos como motor de desarrollo, fortalecer la soberanía energética y mayor transparencia. ¿Quién tiene razón?

Los críticos de la reforma plantean que un monopolio público ofrece mayores beneficios. Argumentan que durante décadas dicho modelo permitió que los hidrocarburos aportaran uno de cada tres pesos del presupuesto federal y que basta con reducir los impuestos que paga Pemex para que ésta pueda invertir más. Desde su óptica, no había necesidad de una reforma constitucional, ni razón para abrir el sector energético a la participación privada.

Cierto, Pemex aporta mucho y opera con costos competitivos de extracción de petróleo en yacimientos convencionales. El problema es que el llamado “petróleo fácil” se está agotando y extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales (por ejemplo, de aguas profundas) resulta mucho más costoso, requiere tecnología que no tenemos e implica mayores riesgos. Hoy Pemex invierte el triple que hace 10 años en exploración y explotación de petróleo, pero produce 25 por ciento menos. El hecho afortunado de que en ese mismo periodo se haya incrementado el precio del barril de petróleo de 31 a 100 dólares evitó un problema mayor de finanzas públicas, pero la lección es clara: el esquema de monopolio público que concentró decisiones, inversiones y riesgos, no funcionó frente a una nueva realidad que exige no sólo más inversiones, sino también nuevas tecnologías y un modelo que permita compartir riesgos.

En ese sentido, quienes han centrado sus cuestionamientos en descalificar la participación privada en este sector, han dirigido sus “misiles” al blanco equivocado. El sector privado, nacional y extranjero, desde hace años participa en la exploración y explotación de hidrocarburos, pero lo hace con un marco jurídico rígido (contratos de servicios) que les reporta ganancias, sin asumir riesgos. Como monopolio, Pemex asume todos los riesgos… y todos los quebrantos. Sin cambios en la Constitución no era posible revertir dicha realidad.

La reforma tiene como propósito aprovechar plenamente los recursos energéticos como palanca de crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Un nuevo marco jurídico que permite atraer inversiones y tecnología de punta del sector privado para maximizar la renta petrolera en favor de México, no equivale a entregar petróleo y gas a los extranjeros porque la Nación mantiene la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo, el Estado fortalece su rectoría, y no se vende un solo tornillo de Pemex, ni de CFE.

Sin una reforma de fondo, durante los últimos 10 años nuestro sector energético registró tendencias negativas: reducción en la producción de petróleo, incremento de las importaciones de gasolina y gas, mayores costos y precios de gas y de energía eléctrica. Así, lo que debilita la soberanía no es una reforma que revertirá estas tendencias, sino la falta de la reforma.

Además, el combate a la corrupción exige luchar contra la impunidad; requiere también atacar las causas y no sólo las manifestaciones de este mal. Con órganos reguladores más fuertes y reglas acorde a estándares internacionales, más competencia significa más transparencia.

Los priistas tenemos claro que el ser hoy la primera fuerza política no nos hace dueños de la verdad. Por eso, a nadie pedimos que crea en lo que postulamos por un mero acto de fe. Lo que sí pedimos es voltear a ver los resultados que en otros países han generado reformas similares: Colombia duplicó y Brasil multiplicó por tres su producción de petróleo. Frente a los cuestionamientos de adjetivos, está la fuerza de los hechos.

* El autor es presidente de la Fundación Colosio.

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