Opinión

Reforma educativa y elecciones estatales

07 enero 2015 5:5

Fernando Ruiz
@fruiz_ruiz

Investigador en Mexicanos Primero

www.mexicanosprimero.org


La agenda educativa de 2015 se encuentra inmersa en la implementación de la reforma normativa aprobada en 2013; el gran reto es que produzca cambios positivos en las más de 179 mil escuelas públicas y 28 mil escuelas privadas de educación básica. Un aspecto esencial para que este proceso se lleve a cabo es contar con autoridades educativas acordes a semejante reto. No es fácil cambiar prácticas escolares de los docentes y las familias mexicanas, pero se antoja imposible si no hay un cambio paralelo en las pautas institucionales. En ese sentido, para que este año sea el inicio de una verdadera transformación educativa es necesario, en primer lugar, que las autoridades educativas pongan el ejemplo.

Lo anterior es particularmente importante porque este año se renovarán una cuarta parte de los gobiernos de las entidades federativas. Los ciudadanos de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora tendrán oportunidad de elegir a un nuevo equipo de gobierno, y esto abre la oportunidad de exigir pronunciamientos electorales con metas educativas claras. Se necesita que hagan los candidatos compromisos explícitos para desmontar la cultura autoritaria muy arraigada en el sistema educativo, y que puedan honrar su palabra cuando resulten electos. Hemos exigido la recuperación de la Rectoría Educativa, pues durante décadas se abandonó el timón del sistema escolar a las dirigencias sindicales del SNTE y la CNTE, pero no para retornar a las pautas autoritarias. La rectoría educativa significa que el Poder Ejecutivo sea nuevamente actor central en la conducción de la gobernabilidad educativa, pero sujeto él mismo a los contrapesos democráticos constitucionales, abierto a la corresponsabilidad ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Los ciudadanos tenemos que contribuir al debate de ideas y ser más exigentes con la oferta electoral de los candidatos. Las autoridades educativas estatales tienen el enorme reto de implementar nuevas y ambiciosas directrices, finiquitar viejas prácticas y construir una nueva institucionalidad, por lo que un mandato electoral claro y explícito abonaría el camino. Con lo anterior, los funcionarios designados por los gobernantes, electos democráticamente por la ciudadanía, podrán hacer uso de todo el arsenal legal, político, presupuestal y técnico disponible para lograr la transformación educativa.

Ante las voraces dirigencias sindicales apostamos por la profesionalización de la burocracia educativa, el rediseño institucional y el cambio de las prácticas gubernamentales, como un factor crucial para lograr la implementación de lo que ya se plasmó en el texto de la Constitución y de las leyes. La SEP no puede liderar cambio alguno si ella misma no se renueva y pone el ejemplo. No hay que olvidar que la SEP administra el sistema educativo del Distrito Federal, el segundo más grande del país, y tiene por tanto la posibilidad y la responsabilidad de acelerar la obtención de resultados, de marcar la pauta no con discursos, sino con realidades verificables. No hay recetas mágicas para reconstruir sistemas educativos estatales para que pongan a la escuela en el centro, pero está claro que no llegaremos muy lejos si continuamos alimentando un sistema paternalista, centralizado y jerarquizado, donde la escuela ocupa el último escalón de las prioridades.

Los procesos electorales de este año plantean la posibilidad de impulsar nuevos cambios institucionales. Cambiar la forma en que se define la conducción del sistema escolar, para que ya no sean ni enviados de los sindicatos ni funcionarios que llegan apenas a aprender los que se hagan cargo de esta tarea delicada; ya no más tramposos premiados, ni improvisados favorecidos, ni “cartuchos quemados”: que sean expertos en administración pública honesta, o educadores experimentados y de solidez académica, o de preferencia equipos que combinen ambos perfiles. Las secretarías de educación estatales ya no pueden ser “refugio de pecadores”, sino equipos audaces y eficientes que acompañen e impulsen el cumplimiento de los mandatos constitucionales en las entidades federativas. Lo hemos dicho en muchas ocasiones: si no hay agentes de cambio, debe haber cambio de agentes. Es un momento oportuno para remontar el timorato apoyo que muchos gobernadores han escatimado a la reforma educativa, y para exigir a las autoridades educativas federales que asuman su responsabilidad para hacer cumplir la ley. El futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes no hay que olvidarlo, está en juego.