Opinión

Reforma de gran calado

   
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No obstante las horas de debate legislativo, los desencuentros discursivos, las visiones encontradas y posturas políticas diferentes, los senadores aprobaron por mayoría las observaciones hechas por el Ejecutivo Federal al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y corrigieron 15 más relacionadas en materia de combate a la corrupción, ello sin que esto quiera decir que el sector empresarial estará exento de sanciones y obligaciones en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

No son cualquier cosa. Las leyes secundarias de la reforma constitucional que creó el SNA llegan, aunque un poco tarde, en el momento adecuado para que de una vez por todas, gobierno, sociedad y partidos políticos inicien una cruzada legal anticorrupción y ataquen uno de los problemas más sentidos.

El ejercicio legislativo de ayer tendrá un filtro más en la Cámara de Diputados, donde se espera que hoy se agote el recurso de análisis y revisión de lo aprobado por la colegisladora.

Entre los cambios, en el dictamen aprobado por los senadores, se destaca que la reforma constitucional en esta materia “no incluyó, en el párrafo quinto del artículo 108 constitucional, la obligación de personas físicas o morales, para presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, que se refiere exclusivamente a la obligación de los servidores públicos de presentar las referidas declaraciones”.

En ese sentido, en mayoría, los legisladores votaron a favor del dictamen por considerar que “la obligación impuesta a los particulares para presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, resulta innecesaria puesto que permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción”.

De esta manera, se modificó el artículo 32 para que estén “obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley”.

Aunque en esta sesión extraordinaria algunos senadores insistieron en que con los empresarios “se negoció la ley”, al corregirse el artículo donde se estipulaba que las personas morales que recibieran recursos públicos estarían sujetas a la presentación de su declaración 3 de 3, lo cierto es que con esa redacción los encargados de aplicar la ley se dieron cuenta a tiempo que de no corregirse los primeros afectados serían los becarios de la CONACYT, los recipiendarios de los programas sociales y los pequeños y medianos empresarios, entre otros.

Pero si los grandes empresarios creen que el paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción no es para ellos están muy equivocados y más les vale que se vayan preparando cuando vean a sus vecinos las barbas recortar.

Y es que las leyes secundarias del SNA son muy claras, hay más de una veintena de artículos que los particulares tendrán que observar en materia anticorrupción. Por ejemplo, el artículo 44 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los particulares formularán un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia.

Hay otras obligaciones, entre ellas las que se refieren a faltas administrativas, actos de soborno, reincidencia en infracciones, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones y facultades, situaciones derivadas de actuaciones culposas o negligentes de los servidores públicos, y otras que a pesar de las modificaciones al Artículo 32, no exentan al sector empresarial de ser sancionado ante cualquier hecho de corrupción. Pero eso se verá más adelante.


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