Opinión

Reforma al campo


 
En el marco de la asamblea anual del Consejo Nacional Agropecuario a principios de este mes, el presidente Peña Nieto anunció una “reforma en materia agraria” para 2014 en ocho ejes: respaldo a pequeños productores, al transformar Procampo; aumentar la disponibilidad de fertilizantes; facilitar el uso de semillas mejoradas; incrementar la superficie de riego; mejorar el crédito al campo; sincronizar oferta y demanda de productos agropecuarios; y contar con un marco legal moderno.
 
 
Los planteamientos de política agrícola –los primeros que da a conocer esta administración, después del Plan Nacional de Desarrollo— parecen orientarse en la dirección correcta; sin embargo todavía, a un año del arranque de gobierno, son muy generales, cuando el “diablo está en los detalles”. No hay duda que uno de los temas centrales para impulsar el desarrollo del sector agropecuario está en el marco legal que lo regula. En ese sentido, la columna vertebral es la Ley Agraria, cuya última reforma se realizó en 1992 durante la administración de Carlos Salinas, y que flexibilizó el régimen de propiedad rural.
 
 
No obstante, los procesos burocráticos que establece la Ley actual propician que la transformación del ejido hacia la propiedad plena de la tierra sean un verdadero calvario para los productores: convocatorias a asambleas ejidales, con mayorías para calificar su validez; requisitos de presencia física de representantes de la Procuraduría Agraria en las asambleas; inscripciones y reinscripciones en el Registro Agrario Nacional y, después, en los registros de la propiedad y el comercio locales; etc. A fin de cuentas, ese burocratismo se traduce en una enorme lentitud, y muchas veces en imposibilidad, para transformar la tierra en un activo comercial y “bancable” para el campesino y extraerle rentabilidad, así como para generar economías de escala en la producción e inducir una mejor organización productiva. En este ámbito, la modernización del marco legal también debería reconocer la obsolescencia de las figuras asociativas previstas en la legislación actual e incorporar nuevas modalidades.
 
 
En buena medida, otros ejes de la política agropecuaria dependerán de ello, como aumentar la “disponibilidad” de fertilizantes y “facilitar” el uso de semillas mejoradas. No sólo es incrementar la oferta, sino las posibilidades de acceso –en cantidad, calidad y costo de los pequeños y medianos productores en condiciones competitivas a esos insumos, mediante compras consolidadas y financiamiento acorde con los ciclos de producción, que permitan balancear las características oligopólicas de esos mercados vía un mayor poder de compra organizado.
 
 
Esa mayor organización también debe ser la base para incrementar la tecnificación del riego en el país. Si bien se han registrado avances en los últimos años (poco más de 2 millones de hectáreas tecnificadas, equivalente a 35 por ciento de la superficie de riego total, a un ritmo de 120-130 mil hectáreas por año), ello se ha realizado de manera preponderante a partir de iniciativas individuales de los productores, incluyendo los apoyos de recursos fiscales para ese propósito, lo que en la mayoría de las regiones no permite tener zonas compactas tecnificadas, con las evidentes pérdidas de eficiencia. Se requiere instrumentar una verdadera estrategia de riego en el país en la que, entre otras acciones, se redefina el esquema institucional entre Sagarpa y Conagua.
 
 
En cuanto al eje de “sincronizar” la oferta con la demanda de productos agropecuarios, el elemento central será la información tanto para y de productores primarios como para y de comercializadores e industriales. Una vez más, los factores organizativos para generar, procesar y difundir información útil, veraz y oportuna son esenciales para una adecuada toma de decisiones de los agentes económicos.
 
 
Los propósitos de la política pública hacia el campo parecen adecuados. Habrá que ver si realmente constituyen una “reforma” o sólo se quedan en medidas aisladas.
 
 
Twitter: @ruizfunes