Opinión

Red de corrupción en Capufe

La Procuraduría General de la República solicitó la aprehensión de personas, entre ellos 13 funcionarios y exfuncionarios de Caminos y Puentes Federales (Capufe), ligados a una red de corrupción en el organismo federal.

El equipo jurídico de Capufe, que dirige Benito Neme, presentó en septiembre del año pasado una denuncia penal en contra de 13 personas por su probable participación en actos de corrupción derivados del cobro de comisiones a empresas por obras que jamás se realizaron.

El 10 de febrero pasado, la PGR determinó ejercer acción penal en contra de las 13 personas señaladas; el jueves pasado, fueron detenidas dos en las oficinas centrales de Capufe.

El modus operandi de la red consistía en “invitar’’ a contratistas a realizar obras de Capufe a cambio de una comisión -o “moche’’, palabra de moda-.

Los contratistas entregaban el dinero y esperaban que les fueran asignadas las obras prometidas; en algunos casos, realizaban trabajos y cuando acudían a cobrarlos, resulta que éstos nunca habían sido asignados oficialmente, es decir, los timaban.

Estos actos de corrupción ocurrieron, según se desprende de la averiguación previa radicada en la PGR, durante un periodo de cinco años.

Los directores de Capufe en ese entonces fueron Tarcisio Rodríguez Martínez, quien dejó el cargo en 2011 para incorporarse como secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón.

Su lugar fue ocupado por Agustín Muciño, como encargado de despacho, durante dos meses: Muciño era el director de Finanzas del organismo.

Guillermo Castillo Caballero fue el último director de Capufe en el calderonato; llegó en febrero del 2012 y se fue en diciembre.

Los exdirectores no figuran en la denuncia presentada por los abogados de Capufe, pero no se descarta que puedan ser citados a declarar, pues algunos de los funcionarios sobre los que pesan una orden de aprehensión fueron sus empleados directos.

Hasta el momento, el organismo que encabeza Benito Neme ha documentado que los contratistas pagaron 60 millones de pesos a los funcionarios involucrados, pero se estima que la cantidad podría llegar a los 300 millones de pesos.

Y eso, dicen, es apenas la primera hebra de la madeja.

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El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó ayer en Apatzingán al gabinete federal que se encargará de supervisar la operación del programa de rescate de la entidad.

En términos prácticos, se trata de un gabinete con amplias atribuciones que relegará al gabinete del gobernador -es un decir- Fausto Vallejo, que nomás estará de invitado.

¿Una desaparición de poderes virtual?

Pareciera que sí, pues todo el presupuesto destinado al estado pasará por el gabinete federal bajo la coordinación del comisionado -o primer ministro- del estado, Alfredo Castillo.

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Ayer por la noche, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero anuló de facto la orden de un del Juez 32 Civil del DF, que trataba de impedir que el Ifetel se pronunciara sobre la retransmisión de los programas de televisión abierta en los canales de paga.

El Ifetel anunció que “en breve’’ se realizará una sesión extraordinaria para fallar sobre este asunto en particular, derivado de una querella que presentó la empresa Televisa en contra de Dish por la retransmisión de su programación.

Televisa alega que se violan los derechos de autor y el de sus anunciantes al no obtener ninguna utilidad por la transmisión de sus programas a través de Dish.

A ver.