Jamás se repetirá lo suficiente que el servicio público es la primacía del interés general; nadie ignora que servir a los demás es una vocación y quien desee convertirse en rico deberá dedicarse a otras actividades. De aquí, de este principio, se deriva el alma de un gobierno republicano que deberá tener como característica la dignidad que confiere la austeridad.
Viene a cuento esta resonancia debido a que, antes de tomar posesión de sus cargos, el equipo triunfante ya dispone de las formas que deberá tener la envoltura de sus quehaceres. El vencedor de la contienda electoral no se aguanta las ganas y ejerce sus días como si ya fuera el presidente. Traza directrices y muchas de ellas producen inquietud o abierta zozobra.
Nuestros gobiernos inventaron a los funcionarios de confianza para diferenciarlos de los de base o sindicalizados. A estos últimos se les han asignado las tareas cotidianas, aquellas que debieran resolverse sin tener que exigirles un mayor talento a cambio de esfuerzo constante. A los de confianza se les pide muevan los resortes y las palancas que distinguen a los gobiernos eficientes de los que no lo son. En estos últimos recae la orientación y el destino de las oficinas públicas. Lo saben hasta los párvulos. ¿Por qué AMLO quiere poner en la calle a 70 por ciento de ellos y a los que sobren les rebajará los sueldos? ¿Por qué? No es cierto que ahí anide la corrupción y la ineficacia. El fenómeno se da en la telaraña tejida entre algunos altos funcionarios -algunos- con otros tantos de los empresarios, contratistas y representantes del sector privado. La corrupción crece ante la desesperación y la frustración de que las cosas no marchan si no se aceitan con dinero. Además, y en buena parte, para hacerse de haberes que de otro modo sería imposible.
Deshacerse de 70 por ciento de los empleados es un disparate porque se generaliza y se lanza al vacío a personas y familias que su único medio de hacerse valer es en las entrañas de gobiernos a los que han servido. Habría que ver quiénes han sido útiles y quiénes han abusado. Se trata de una operación lenta y delicada, no de un decreto fulminante.
Las formas de nuestra conducta colectiva son fieramente cuestionadas. Bienvenidas las revisiones y las posibles enmiendas. Hasta el día de hoy, las propuestas de campaña y sus posibles instrumentaciones son un listado de pendientes, rezagos y atrasos. En algunos casos hay aciertos, como debe ser el cuidado de recursos que son de los contribuyentes, así como la búsqueda de ahorros, pues el dispendio y la voracidad que prevalecieron son condenables, lo que se ha traducido en sueldos y prestaciones abiertamente abusivos. Eso debe remediarse, pero impedir que se compren computadoras o deshacerse de toda la flota de aerotransportación gubernamental será un desafío constante a la eficacia. Esto está emparentado con la nada planeada descentralización de secretarías, organismos y oficinas, que conllevan una organización semejante al plan de ataque que hicieron los aliados en la invasión de Normandía el Día 'D', en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Comunicaciones en San Luis Potosí; por qué no en Culiacán? ¿Por qué enviar a la SEP a Puebla, no es mejor Guadalajara?
No hay un plan rector que responda a necesidades reales de ubicación. Qué bueno que se hable de descentralizar una atiborrada ciudad capital, pero antes se debe pensar en el desplazamiento de familias que pueden desgarrarse, centros de salud suficientes, preparar el entretejido de las distintas oficinas que trabajan en paralelo o coordinadamente, como es todo lo que tiene que ver con salud o ingenierías básicas entre Pemex, CFE y Secretaría de Energía. No hablemos de casas habitación, escolaridad y transporte de los que tendrían que mudarse. Mientras tanto está aquí presente, delante de nosotros, una atroz carnicería de cadáveres y lesionados todos los días, una cadena de violencia que no separa niños de ancianos, feminicidios, golpizas, secuestros, asaltos y toda la gama de crímenes salidos de relatos de horror que se repiten y multiplican en todo el territorio nacional. Esto requiere reparación inmediata más allá de formalidades. Aquí debieran estar estrechamente ligados los gobiernos saliente y entrante.
Al tríptico corrupción, impunidad e injusticia, debe responder el tríptico eficacia, justicia, equidad. Y no habrá solidaridad real sin que se dé un equilibrio en el reparto de los beneficios y los sacrificios, sin una reciprocidad auténtica de los esfuerzos y los resultados.