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Lo del aeropuerto huele mal

La consulta popular para la construcción del nuevo aeropuerto envía un mensaje a los inversionistas mexicanos e internacionales de falta de certeza jurídica y de improvisación.

Partamos de una plataforma clara: el actual aeropuerto de la CDMX está saturado, es ineficiente y, gracias a la Divina Providencia, se ha salvado de problemas que hubieran podido provocar verdaderas catástrofes.

Después de tres lustros de estudios realizados por compañías nacionales y extranjeras, se ha visto que ni agrandando Toluca ni mejorando Cuernavaca son los sitios donde debiera construirse uno alternativo.

La decisión ha sido optar por Texcoco pero, en este país de peros, el culminar un proyecto que desde el principio se dijo sería transexenal, por haberlo iniciado el gobierno de Peña Nieto, ha creado una constante oposición. Esto ha sido tan determinante que ha dado lugar a lo que será, del 25 al 28 de este mes, una mezcla de consulta y encuesta de la que desconocemos todo: legalidad, metodología, validez, preguntas y representatividad.

Hasta hoy El Financiero ha realizado tres encuestas, entre Texcoco y la improvisada idea de rehacer un modesto aeropuerto militar en Santa Lucía, relativamente cercano al actual en el Estado de México, y todas ellas han sido favorables al proyecto del afamado arquitecto Norman Foster, que lo ubicó en Texcoco. La obra ya cuenta con más del 34 por ciento de construcción y una aceptación en la que laboran más de un centenar de empresas, con una inversión que hoy rebasa los 41 mil millones de pesos.

¿Qué necesitamos saber para poder votar en esa consulta mezclada con encuesta? Ahí va lo mínimo que debemos saber:

1.- Características físicas y ambientales del sitio.

2.- La estructura del espacio aéreo, la disponibilidad y localización de las ayudas a la navegación.

3.- Un plan de restauración ecológica.

4.- Monitoreo y conservación de aves.

5.- Inventarios de usos de suelo.

6.- Estudios de integración a los planes de desarrollo.

7.- Inventario de datos socioeconómicos y demográficos.

8.- Estudio de la evolución histórica de las condiciones climatológicas, así como los análisis meteorológicos, anemométricos, pluviométricos y topográficos.

9.- Plan integral de manejo de residuos y verificación de gases de efecto invernadero.

10.- Análisis de ruido y acciones de recuperación y conservación de suelos.

11.- Monitoreo sobre la calidad del agua, dentro y fuera del polígono para evitar contaminación de los mismos.

12.- Estudios de mecánica de suelos, localización de bancos de materiales.

13.- Estudios de impacto ambiental y efectos ecológicos.

14.- Estudios financieros, pronósticos de demanda, número de pasajeros a los que se aspira servir.

15.- Dimensión de las plataformas, capacidad de almacenamiento y distribución tanto de combustibles como de alimentos.

16.- Número de aviones que aterrizarán y despegarán por hora.

17.- Protocolos en casos de emergencia.

18.- Centro de control de área y centro de transporte terrestre intermodal.

De todo esto, ya se ha conseguido el 73 por ciento y falta obtener el certificado de sustentabilidad LEED V4 para asegurar que el nuevo aeropuerto sea eficiente en el uso de energía y que el consumo de agua sea el menor posible. De lograrse este certificado, sería el primero en todo el planeta.

Pues bien, todo esto y más, como sería el cálculo en tiempo y dinero para lograr la conectividad con la ciudad y otras entidades que faltan calcular, es lo que cada consultado y cada votante debe saber para inclinarse ya sea por Texcoco o por Santa Lucía.

De salir un resultado inexplicablemente favorable a Santa Lucía, ¿se ha pensado en la indemnización de los centenares de contratistas y las demandas que se formularían? Inaugurar el nuevo aeropuerto en Texcoco llevará 28 meses cuando menos y el de Santa Lucía más del doble. Mientras tanto, ¿cómo va a seguir operando el actual saturado?

Por lo pronto, el mensaje que ya se envía a los inversionistas mexicanos e internacionales es, primero, la falta de certeza jurídica y, después, la improvisación, ya que no se tiene continuidad institucional cuando se da un cambio de gobierno.

¿Es propio de una república o de un país bananero mantener en vilo a toda una nación por un proyecto que debe beneficiar a todos y se ve detenido por mero capricho?

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